«No deja de ser ridículo que mientras un funcionario del Gobierno vasco tiene 18 semanas de permiso de paternidad, otras 18 semanas un funcionario de la Diputación y 20 semanas uno del Ayuntamiento de Bilbao, los funcionarios del Ayuntamiento donostiarra tengamos ocho». Quien habla es un empleado público del Consistorio donostiarra que está directamente afectado por este hecho que considera discriminatorio. «Somos los últimos en este asunto».
Esa es la realidad a día de hoy entre los funcionarios del Ayuntamiento donostiarra. A partir de ahí se abren los anuncios, las exigencias y las posibles negociaciones que podrían llevar a reparar este asunto, si bien los afectados consideran que nada parece inminente ni definitivo.
Entre los anuncios cabe recordar que el Gobierno vasco llevaría tiempo trabajando para aumentar a 16 semanas el permiso de paternidad de todos los padres de Euskadi. Precisamente ayer el portavoz y consejero Josu Erkoreka anunció la intención de que se apruebe en la segunda quincena de octubre el decreto que equipara los permisos de maternidad y paternidad en el sector privado. Los funcionarios del Ayuntamiento de Donostia consideran que esta normativa les afectaría también a ellos y resolvería su problema. Y se declaran a la espera.
Por otro lado está la exigencia sindical. La sección del sindicato ELA en el Ayuntamiento considera que «la situación del Consistorio de Donostia en este asunto no deja de ser un fiel reflejo del nefasto talante negociador de este Gobierno Municipal» y exige que «al igual que han hecho con otras cuestiones, en las que el Gobierno municipal ha decidido actuar de forma unilateral (como con las primas de jubilación), en este caso proceda de igual forma y conceda a sus trabajadores el derecho al permiso de paternidad por lo menos en las 18 semanas que ya obra en otras instituciones».
En la última negociación que hubo al respecto no participó el citado sindicato que considera que la «precaridad» manda cuando de funcionarios municipales de Donostia se trata y considera prioritarios otros asuntos. En todo caso ELA insiste en que no pueden existir diferencias entre los trabajadores y en que el Acuerdo Regulador debe ajustarse a lo establecido para las otras administraciones.
Restaría una posible negociación que también podría lograr esa equiparación que reclaman los funcionarios del Ayuntamiento. La modificación operada por el Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo introducía en el Estatuto Básico del Empleado Público una disposición por la cual se incrementará de forma progresiva el permiso de paternidad. En 2019 sería de ocho semanas, de doce en 2020 y de 16 en 2021. Sin embargo, tal y como recuerdan en ELA, esta normativa no resulta firme porque está sujeta a una negociación. Que cabe suponer comenzará próximamente respecto a este tema y a otros asuntos.
Un funcionario municipal directamente afectado responsabiliza al Ayuntamiento y también a los sindicatos por «dejadez».