Stop Desahucios ha cargado hoy contra el Gobierno vasco alegando que «el parque de vivienda pública de alquiler es absolutamente insuficiente y no se está haciendo nada para combatir la especulación en los alquileres privados que excluyen, cada día más, a los colectivos más vulnerables mediante avales y fianzas impagables, rentas medias que superan ya los 850 euros mes o incrementos abusivos de la renta al renovar los contratos».
Por medio de un comunicado la entidad hace hincapié en que «el Gobierno vasco sólo incrementó en 50 las viviendas VPO construidas para el alquiler social en 2017 y que el Programa Bizigune gestiona 4.400 cuando iban a ser 5.700. Y denuncia que la vivienda se utilice como «propaganda».
Stop Desahucios insiste en las medidas que considera serían necesarias: Trasvasar las viviendas de titularidad pública para alquiler social y garantizar que la nueva construcción sea para alquiler, incrementando las dotaciones presupuestarias anuales; exigir a los bancos, fondos de inversión y grandes tenedores que cedan a las instituciones sus viviendas vacías para el alquiler social; presionar al Gobierno del PP para que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU, y se amplíe a un mínimo de 5 años los contratos de alquiler y se regulen a nivel estatal topes en los precios de alquiler privado para evitar la especulación y el incremento de desahucios.
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