«Estamos completamente impactadas por el extremo al que está llegando la criminalización de la solidaridad», ha afirmado Harrera Sarea durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en la calle Ijentea, junto al Ayuntamiento de Donostia. Según la asociación, «no solo se persigue, identifica y amenaza a personas que, con sus propios carros, salen al atardecer a repartir bocadillos», sino que estas actuaciones estarían alcanzando ya a otras iniciativas de voluntariado.
Harrera Sarea asegura que la Policía Municipal está vigilando actividades en las que se comparten espacios y alimentos con personas sin hogar y que participantes en ellas han sido advertidos de posibles sanciones. La asociación sostiene que estas actuaciones afectan concretamente a personas pertenecientes a lo que, según señala, la propia Policía Municipal ha denominado «determinados colectivos».
Entre los episodios que relata figura la identificación y amenaza de sanción en el interior de la Biblioteca de Tabakalera de voluntarias acompañadas de hijos menores que compartían una merienda con jóvenes sin hogar. También asegura que voluntarios han sido identificados mientras impartían clases de castellano y euskera a estos mismos jóvenes y que varios fueron abordados por agentes porque durante la actividad había alimentos en el espacio compartido.
«Entre uno y dos años» en la calle
La asociación ha puesto también el foco en los plazos para acceder a los recursos sociales. Según denuncia, una persona en situación de calle debe esperar entre tres y cuatro meses para conseguir una primera cita con una trabajadora social y otros tres meses para poder empadronarse. Una vez acumulados seis meses de empadronamiento, puede solicitar una entrevista de valoración, esperar aproximadamente otro mes para recibir una resolución y entrar finalmente en una lista de espera de varios meses.
«En la práctica, esto supone que una persona puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo», sostiene Harrera Sarea. La entidad añade que el albergue municipal ofrece únicamente cinco noches cada tres meses, que no existe comedor social, que el acceso a duchas y lavadoras es insuficiente y que no se facilita ropa «ni siquiera una manta» a quienes duermen en la calle.
Harrera Sarea asegura además tener constancia de que siete personas sin hogar han muerto en Donostia desde noviembre de 2025 y afirma que cinco de ellas fallecieron «como consecuencia de situaciones a las que les ha llevado la vida en la calle».
La asociación considera insuficientes los recursos existentes y acusa al Ayuntamiento de adoptar «medidas de presión e intimidación» hacia las personas voluntarias que ayudan a quienes viven en la calle. También califica la actitud denunciada de «profundamente discriminatoria y racista».
«No podemos normalizar que la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones, cuando se dirige a personas en situación de sinhogarismo, sean migrantes o no», concluye Harrera Sarea. Más información, aquí.
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