Vitoria, 1 sep (EFE).- El PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en las tres diputaciones forales, han llegado a un acuerdo sobre las medidas tributarias que se aplicarán en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 2027 y que buscarán impulsar el arraigo empresarial, atraer talento y fomentar el empleo juvenil, entre otros objetivos.
Este «marco común» llega después de que ambas formaciones hayan mantenido desavenencias en esta cuestión, sobre todo en Bizkaia, único territorio en el que PNV y PSE tienen la mayoría suficiente para aprobar cambios fiscales en solitario. Tanto en Álava y Gipuzkoa necesitan el apoyo de algún grupo de la oposición para sacarlos adelante.
El acuerdo, anunciado este martes en un comunicado conjunto, contempla aplicar sendas normas forales en los tres territorios «sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar este marco común».
Para favorecer la continuidad empresarial se plantea una reducción del 30 % en plusvalías de determinadas transmisiones siempre que se garantice la continuidad de la actividad y del empleo durante 5 años. Esta bajada se amplía al 35 % si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40 % si es a una mujer menor de 36 años.
La medida se aplicará sobre una base máxima de plusvalía de 3 millones de euros. PNV y PSE avisan de que se reforzará la vigilancia para evitar operaciones que reduzcan sustancialmente el valor de la adquisición o permitan eludir los requisitos.
Por otro lado, se propone ampliar la reserva prevista en el artículo 53 del Impuesto sobre Sociedades para proyectos estratégicos. Estos se definirán en función de factores como la creación de empleo estable y de calidad, el volumen de inversión y su alineación con las estrategias vascas.
Se contemplan además incentivos fiscales para favorecer que los trabajadoras participen en el capital de las empresas mediante la adquisición de acciones o participaciones con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales. También se prevé facilitar préstamos para la incorporación de trabajadores a cooperativas o al capital de sus empresas.
Favorecer el acceso a la vivienda
Con el propósito de facilitar el acceso la vivienda, PNV y PSE han acordado la no tributación del abono de la empresa del alquiler de sus trabajadores en especie hasta 700 euros por mes con un máximo de 24 meses siempre que el alquiler no supere el índice de referencia, y hasta 300 euros en el resto de casos.
También se habilitará a los ayuntamientos para que establezcan bonificaciones en el IBI y se estudiará una deducción en los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre el Patrimonio o el IRPF para favorecer la cesión de viviendas.
Para la atracción de profesionales hacia Euskadi se prevé una exención del 42 % en rendimientos del trabajo para el talento profesional y del 30 % en rendimientos del trabajo para profesionales cualificados (mínimo un FP de grado superior) en sectores como investigación, desarrollo e innovación, científico, técnico o financiero, medioambiental y de transición energética, tecnológico o de carácter biosanitario.
Estas exenciones aumentarán un 10 % para menores de 36 años y tendrán una duración de 1+7 años.
También se incorpora una variable deducible de 2.000 euros (3.000 para menores de 36 años) por movilidad geográfica a quienes se trasladen a Álava, Bizkaia o Gipuzkoa sin cumplir el criterio de impatriados.
De cara al fomento del empleo juvenil, se refuerzan los incentivos a la formación continua y dual y se incrementan las deducciones de creación de empleo si procede de esta formación.
En materia de cuidados, se elevará el umbral de la deducción por cuidado a 500 euros, que ascenderá a 750 euros si es por cuidado profesional y a 1.000 euros en familias monoparentales.
Deducción a la compra de vehículos
Para impulsar la movilidad sostenible se introduce una deducción del 5 % por compra de vehículo nuevo si se achatarra otro de más de 20 años. La medida tendrá una vigencia de 2 años y el precio límite será de 30.000 euros para vehículos convencionales y 40.000 para los de cero emisiones.
Por otro lado, se «refuerzan» las medidas para evitar la elusión en la valoración de las transmisiones onerosas de empresas familiares y se analizará si se introduce una regla específica para las transmisiones lucrativas (donaciones y sucesiones de empresa familiar).
En cuanto a la obligación de declarar en el IRPF -el límite actual son 20.000 euros- PNV y PSE apuestan por actualizar la cifra en función de la recaudación y los presupuestos previsto para el año que viene.
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