La asociación de inquilinos Alokairu ha reclamado una solución global que garantice el mantenimiento como vivienda de protección oficial (VPO) de las viviendas de Benta Berri más allá de 2028, con el objetivo de asegurar la permanencia de más de 500 familias en sus hogares.
La reivindicación fue trasladada este martes al Parlamento Vasco, donde alrededor de 150 vecinos, junto a Stop Desahucios, se concentraron para respaldar su comparecencia en la Comisión de Vivienda. La movilización tendrá continuidad mañana jueves en Donostia, con una concentración frente al Ayuntamiento coincidiendo con la celebración del pleno municipal.
Durante esa sesión, está previsto que se debata sobre el futuro de esta promoción de VPO, cuyo régimen de protección finaliza en julio de 2028. Parte de los vecinos seguirá el pleno en el interior, mientras el resto permanecerá concentrado en el exterior.
Garantizar la permanencia
Alokairu insiste en que la única solución pasa por mantener estas viviendas dentro del sistema de protección pública y evitar su paso al mercado libre, pese a estar construidas sobre suelo público.
Están afectados 500 hogares —unas 2.000 personas— que podrían verse obligadas a abandonar sus viviendas tras más de 30 años en el barrio si no se adoptan medidas estructurales.
El conflicto se ha reactivado recientemente después de que 37 familias recibieran la notificación de no renovación de sus contratos, lo que implicaba su desalojo. Las viviendas pertenecen actualmente a la empresa Testa, vinculada al fondo de inversión Blackstone.
Tras la intervención del Gobierno Vasco, los contratos han sido prorrogados por dos años, una medida que los vecinos valoran como un alivio temporal, pero insuficiente.
De promoción pública a activo especulativo
La asociación sitúa el origen del problema en la evolución de esta promoción de VPO, impulsada en 1994 por el Gobierno Vasco y adjudicada en 1998. En 2016, la propiedad pasó a manos de Testa Socimi, posteriormente vinculada a Blackstone.
Desde entonces, los vecinos denuncian que un parque de vivienda protegido ha sido transformado en un activo con fines especulativos, pese a su carácter público.
Tras el pleno municipal, los vecinos volverán a concentrarse para valorar el resultado del debate. Más información, aquí.
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