San Sebastián, 14 jun (EFE/Redacción).- Amnistía Internacional ha exigido este sábado a CAF que abandone el proyecto del tren ligero que conectará Jerusalén occidental con asentamientos «ilegales» en la zona oriental de la ciudad y que «deje de beneficiarse de la ocupación y el apartheid impuesto por Israel. Con el mismo afán ha recorrido hoy una manifestación Donostia convocada por BDZ (Boikot, Desinbertsio eta Zigor).
La coordinadora de AI Euskadi, Sofía García Arana, que ha intervenido en la Junta de Accionistas de la compañía vasca, celebrada en la localidad guipuzcoana de Beasain, ha preguntado a la dirección de la empresa «por qué obvia sistemáticamente en su actividad y sus informes la ilegalidad del contexto en el que opera» en Israel, informa Amnistía Internacional en un comunicado.
Esta organización, que ya participó en la Junta hace dos años a través de una iniciativa de «accionariado crítico», ha dicho que mientras CAF «espera beneficiarse de la construcción y equipamiento de la línea, incluyendo el mantenimiento, por un periodo de 15 a 25 años», el Gobierno de Israel «comete actos de genocidio en Gaza y la situación de los derechos humanos se agrava en Cisjordania».
El proyecto Jerusalem Light Rail (JLR), en el que participa el Grupo CAF, «contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel», destaca AI en su nota.
«Se trata de un proyecto declarado ilegal por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2016 y 2017 al considerar que ‘viola claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU'», según denuncia de nuevo.
García Arana, que ha acudido a la asamblea la activista Cecilia Denis, ha preguntado también «por qué CAF omite el escenario internacional de obligaciones jurídicas en el ámbito de relaciones económicas en el territorio palestino ocupado».
Ha criticado que la multinacional vasca «asuma el lenguaje del Estado de Israel» en sus informes de sostenibilidad, al señalar que el proyecto del tren ligero «se encuentra en territorios que son objeto de controversia política» y que diga que «no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos derivada de la participación del grupo CAF en ningún proyecto».
«Esto es una muestra patente de que la empresa continúa obviando las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la posición de la Unión Europea, que consideran ilegales los asentamientos», remarca.
Amnistía Internacional señala que el contrato de este proyecto, adjudicado en 2019 a un consorcio participado por la empresa vasca y cuya primera línea se inaugura este año, está valorado en 1.800 millones de euros, «de los que CAF se quedaría con algo más de 500».
Dice que, a esta cantidad, «habría que sumar la que derive del 50 % de su participación en la sociedad que gestionará la actividad de operación y mantenimiento de las dos líneas y cuyo volumen de negocio se estima en unos 1.000 millones».
Antes de entrar a la reunión, alrededor de una treintena de personas se ha concentrado ante la sede de la empresa.
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