La Diputación ha aprobado hoy el Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable a aquellas entidades, asociaciones y empresas, así como el resto de organismos beneficiarios que son receptores de subvenciones y ayudas del ente foral. El objetivo es continuar ahondando en el comportamiento ético por parte de dichas entidades apostando por “una Gipuzkoa ejemplar”, ha explicado el portavoz foral Imanol Lasa, y “reforzando la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en el uso eficiente, íntegro y digno de los recursos públicos”.
El Código recoge y define los valores y principios que deberán respetar todas aquellas entidades beneficiarias. En lo que se refiere a los primeros se comprometerán con la integridad y la eficiencia el manejo de los recursos públicos, la honestidad y desinterés en el cumplimiento del interés público y el respeto.
En cuanto a los principios las entidades que perciban subvenciones deberán velar por la transparencia, dando a la ciudadanía de toda aquella información sobre el uso y destino de los recursos públicos, la apertura de datos, la promoción y uso del euskara, la cohesión económico-social y la rendición de cuentas. También se especifican las normas de conducta que deberán seguir en su relación con la ciudadanía y la Diputación.
Asimismo el Código regula los principios que deben cumplir los cargos y el personal del sector público foral en todo lo que afecta a la gestión, control y evaluación de subvenciones, garantizando que “en un ámbito público de especial sensibilidad financiera, social y cultural, como son los procesos de concesión de ayudas, se siga actuando con profesionalidad, imparcialidad, transparencia, objetividad, eficiencia y eficacia”.
La Comisión de Ética Institucional será el órgano competente para conocer los dilemas, cuestiones, quejas o denuncias que se presenten por las personas afectadas o por terceras personas frente relacionadas con los procedimientos de concesión, gestión, control o evaluación de las subvenciones.
En el caso de los cargos forales, si de las actuaciones examinadas derivara la posible existencia de responsabilidades administrativas o en su caso penales, la Comisión dará traslado inmediatamente a los órganos competentes.
Se trata del cuarto Código aprobado esta legislatura en el marco del Sistema de Integridad Institucional.
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