El Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco han acordado un protocolo de actuación para la promoción de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales. El alcalde de Donostia Jon Insausti ha explicado que esta medida «marcará ritmo y servirá para acelerar las cosas», y puede suponer la construcción de 10.000 viviendas que estarán situadas en Auditz Akular, el eje del Urumea, Jolastokieta, Riberas, Morlans, Easo… (abajo las tablas con el detalle).
El protocolo recoge la intención del Ayuntamiento de ceder al Gobierno Vasco, de forma gratuita, parcelas susceptibles de albergar viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales. Asimismo el Gobierno Vasco manifiesta su disposición a aceptar dichas parcelas con el objetivo de facilitar su pronta promoción en régimen de arrendamiento protegido, una vez formalizada su cesión.
Por su parte el Ayuntamiento transmitirá de manera gratuita y en documento público al Gobierno Vasco el pleno dominio de las parcelas edificables, para la construcción de viviendas de protección pública o alojamientos dotacionales.
El Gobierno Vasco, con la modalidad de arrendamiento permanente, se encargará de promover, ejecutar y gestionar las viviendas de protección pública o alojamientos dotacionales en régimen de alquiler que pudieran desarrollarse en las parcelas que le sean puestas a disposición. También correrán a cargo del Gobierno Vasco los gastos inherentes a la promoción: proyectos, licencias, obras…
Los convenios recogerán los plazos máximos para el inicio de las obras, así como los mecanismos que permitan garantizar la existencia de recursos presupuestarios suficientes para su ejecución
El Ayuntamiento tramitará, «con la mayor urgencia y diligencia posible, aunque sin despertar falsas expectativas», según Insausti, la concesión de las autorizaciones administrativas de los proyectos de obras de edificación.
En los convenios se recogerá que las personas adjudicatarias acrediten una antigüedad mínima de empadronamiento en San Sebastián de tres años ininterrumpidamente o de cinco años completos de los últimos diez.
Las dos instituciones acuerdan la constitución de una comisión mixta de seguimiento de este protocolo, integrada por tres representantes de cada parte.
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