San Sebastián, 7 abr (EFE).- Una vecina de Errenteria ha logrado cancelar, mediante la Ley de Segunda Oportunidad, una deuda de 170.033 euros que contrajo tras invertir junto a su esposo en la apertura de un hotel rural que se vio obligada a cerrar al tiempo que su marido enfermó.
Esta norma, que entró en vigor en julio de 2015, establece una segunda oportunidad para deudores de buena fe con cargas, que incluye a los particulares, retira las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y apoya las bonificaciones a familias y autónomos, entre otras medidas.
Según explica en una nota el despacho Repara tu Deuda Abogados, la deudora y su marido adquirieron un inmueble con la finalidad de abrir un hotel rural de ocho habitaciones con restaurante, para el que suscribieron un préstamo hipotecario aunque aportando también capital propio.
Posteriormente, se constituyó la sociedad unipersonal en la que la mujer era la titular del 100 % del inmueble tras realizar capitulaciones matrimoniales.
La actividad comenzó en julio de 2005, si bien la crisis económica, la retirada de líneas de crédito, el descenso del consumo y la grave enfermedad del esposo motivaron el cierre definitivo del negocio en septiembre de 2010.
Según la citada fuente, la deudora se vio obligada a abandonar el negocio y regresar a su domicilio familiar, sin tener desde entonces bienes a su nombre, incluso sin cuenta bancaria propia, por lo que tuvo que operar únicamente como apoderada en una cuenta de un familiar.
El endeudamiento generado en esta situación incluía un préstamo hipotecario a su nombre por la adquisición del inmueble (actualmente ejecutado, con el hotel en funcionamiento bajo nueva titularidad), así como diversas obligaciones financieras asumidas por la sociedad, respecto de las cuales figuraba como avalista personal.
Esta situación, movió a la afectada a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y así empezar una nueva vida financiera desde cero.
Repara tu Deuda recuerda en su comunicado que, para ser beneficiario de esta segunda oportunidad, es necesario que el afectado cumpla una serie de requisitos previos como que la deuda no supere los cinco millones de euros, y que el solicitante no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, además de haber actuado «de buena fe».
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