La apertura en Donostia del centro Villa Salia, que sustituye al anterior centro de día Hestia para personas en situación de calle, ha generado fuertes críticas por parte de los colectivos Harrera Sarea y Kaleko Afari Solidarioak. Lejos de celebrarlo como un avance, ambas organizaciones denuncian que el nuevo recurso -gestionado ahora por la empresa Grupo 5– limita el acceso, reduce la cobertura y excluye a buena parte de las personas usuarias.
Según el comunicado difundido por estos colectivos, el centro abrió sus puertas el pasado 1 de julio, en lo que califican como una apertura “casi clandestina”, sin la información ni participación de las entidades que trabajan con este colectivo. “Nos enteramos por los medios”, aseguran, recordando que el anterior proceso participativo en torno al proyecto se abortó hace más de un año y nunca se retomó.
Uno de los puntos más críticos del escrito se refiere al modelo de acceso: actualmente, las personas deben solicitar cita previa a través del SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales), un procedimiento que, según denuncian, dificulta gravemente el acceso. Aseguran que muchas de las personas en situación de calle no consiguen siquiera esa cita, y que la respuesta suele ser que no hay plazas disponibles o que no se les puede ofrecer nada. Aunque en versiones anteriores del recurso ya existía coordinación con el SMUS, los colectivos denuncian que el acceso se ha vuelto aún más restringido, sin criterios claros y con mayores trabas.
Además, indican que la capacidad del nuevo recurso es notablemente menor: un máximo de 120 personas por semana, divididas en tres turnos, tres días a la semana, durante dos o tres horas. Lamentan que el modelo vigente haya dejado fuera a muchas personas que antes accedían al recurso, y que no se haya explicado con claridad el criterio de selección.
Aunque reconocen que la atención profesional ha mejorado para quienes logran entrar, consideran que eso no compensa el hecho de que muchas otras personas han quedado excluidas. Y cuestionan lo que califican como un “cambio de modelo” que, en su opinión, encubre un recorte de servicios bajo el discurso de la personalización.
También ponen el foco en aspectos concretos como la alimentación: mientras que desde Kaleko Afari Solidarioak se reparten diariamente más de 300 cenas con medios voluntarios, Villa Salia apenas ofrece 24 comidas al día, pese a contar con una cocina profesional. “¿Para qué esa gran cocina si ni siquiera se cubre la alimentación completa?”, se preguntan.
Asimismo, queda en el aire —denuncian— el futuro de servicios anteriormente prestados en Hestia: duchas, lavandería, entrega de kits de aseo, trámites con Lanbide, gestiones sanitarias o documentación personal, entre otros. La sensación, afirman, es que muchos de estos apoyos podrían desaparecer para quienes no entren en el cupo gestionado por el SMUS.
Por último, ambos colectivos alertan sobre el papel creciente de Grupo 5, la empresa adjudicataria de la gestión del centro. “Una multinacional con ánimo de lucro”, afirman, que también ha asumido la gestión del SMUS y otros servicios sociales municipales. Según los denunciantes, esto apunta a un modelo de externalización que limita derechos y recursos para las personas sin hogar.
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