Las asociaciones ecologistas Haritzalde y Ekologistak Martxan Gipuzkoa han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Gipuzkoa contra el Ayuntamiento de San Sebastián por presunta prevaricación en relación con el chalet construido por la empresa Tavaro XXI SL -vinculada a Xabi Alonso- en el paraje de Txalin, Igeldo. Las entidades acusan al Consistorio de mantener una actitud deliberadamente pasiva ante una situación que consideran «abiertamente ilegal», y que incluiría además un delito de usurpación de bienes públicos.
El foco de la denuncia está en el uso continuado e indebido del camino de acceso al depósito de aguas de Txalin, una vía de servicio que no es de uso público, y cuya autorización especial caducó el pasado 21 de marzo de 2025 sin posibilidad de prórroga, según el artículo 92 de la Ley de Patrimonio.
Autorización caducada
El chalet fue construido pese a que el terreno carecía de acceso a vía pública, algo indispensable según la normativa. Para «subsanar» esa carencia, el Ayuntamiento concedió dos años y medio después una autorización especial para que Tavaro XXI SL utilizase el camino que da servicio al depósito de aguas. Dicha autorización era cuestionable desde el origen, ya que solo puede otorgarse a usuarios directamente vinculados con el servicio público.
Las asociaciones ecologistas recuerdan que avisaron al Ayuntamiento antes de la fecha de caducidad, instándole a recuperar la posesión del camino. Sin embargo, denuncian que el consistorio no actuó y permitió de facto que Tavaro XXI siga utilizando esa vía para acceder al chalet.
En la denuncia presentada se identifican dos posibles delitos: prevaricación por parte del concejal responsable de mantenimiento urbano, a quien correspondería haber ejecutado la recuperación del bien público, o usurpación de bienes públicos, tipificada en el artículo 245.2 del Código Penal, al mantenerse Tavaro XXI en posesión de un camino sin título alguno.
Reclasificación del camino
Ante la imposibilidad de sostener esta situación por más tiempo, Haritzalde y Ekologistak Martxan alertan de que el Ayuntamiento estaría negociando con Tavaro XXI una reclasificación del camino: dejaría de ser considerado de servicio para pasar a ser camino público. Esta medida permitiría legalizar el acceso, pero según los denunciantes, supondría una nueva prevaricación, al no responder al interés público, sino a «encubrir la ilegalidad cometida en su día».
Historial de polémicas
Cabe recordar que la licencia de construcción del chalet ya fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia, al considerar que la edificación no se ajustaba a la tipología rural exigida. El caso está actualmente pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tras recurso del propio Ayuntamiento y de Tavaro XXI SL. Más información, aquí.
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