El Ayuntamiento de Donostia escenificó este jueves una posición común en apoyo a las más de 500 familias de las VPO de Bentaberri en un pleno en el que los grupos respaldaron las iniciativas debatidas para buscar una solución al incierto futuro de estas viviendas, protegidas en origen y gestionadas por un promotor privado. El debate, seguido por decenas de vecinos tanto en el salón de plenos -prácticamente lleno- como en el exterior del Consistorio, llega tras varios días de movilización y con la incertidumbre puesta en 2028, cuando expira la calificación de protección pública.
En total se debatieron tres mociones —presentadas por PSE, EH Bildu y PP— que fueron aprobadas con enmiendas, evidenciando una amplia coincidencia política.
El texto aprobado insta al Gobierno Vasco a buscar una solución y a definir, antes de que finalice la prórroga vigente, un marco que garantice la continuidad de los actuales inquilinos en condiciones de alquiler asequible, evitando incrementos que puedan provocar su salida.
Asimismo, se plantea estudiar la posibilidad de ejercer el derecho de adquisición preferente sobre estas viviendas, con el objetivo de que puedan mantenerse de forma permanente como VPO. También se reclama que se informe puntualmente tanto a los vecinos como a la asociación Alokairu de los pasos que se vayan dando.
Durante el debate, la portavoz socialista, Ane Oyarbide, defendió la necesidad de preservar el carácter público de las viviendas y evitar situaciones de especulación.
Desde EH Bildu, Ricardo Burutaran apostó por una solución definitiva que pase por la recuperación de la titularidad pública.
El portavoz del PP, Borja Corominas, puso el foco en la necesidad de evitar desahucios y gestionar con cautela las expectativas.
Por su parte, la concejala de Elkarrekin, Arantza González, defendió recuperar el control público para garantizar el fin social de estas viviendas.
En nombre del gobierno municipal, la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, aseguró que el objetivo es que las familias puedan seguir en sus viviendas y destacó la importancia de abordar el problema desde el interés general.
El alcalde, Jon Insausti, agradeció el esfuerzo por acercar posturas y trasladó a los vecinos el compromiso del Ayuntamiento de trabajar junto a otras instituciones para encontrar una solución.
Las viviendas afectadas se ubican en las calles Resurrección María de Azkue, Bertsolari Xalbador y la plaza José María Sert, y fueron adjudicadas en 1998, cuando aún no existía la calificación permanente de las viviendas protegidas.
En aquel momento, el Gobierno Vasco cedió el derecho de superficie para la construcción de estas 510 viviendas a las empresas Metrovacesa y Vallehermoso por un periodo de 75 años. Posteriormente, pasaron a manos de Testa Residencial —hoy Testa Homes—, integrada en el fondo Blackstone. Más sobre el tema, aquí.
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