San Sebastián, 12 ago (EFE).- El Gobierno Vasco ha emitido una declaración de impacto ambiental negativa del proyecto del parque eólico de Piaspe, liderado por la empresa pública noruega Statkraft y que se prevé instalar en terrenos de los municipios guipuzcoanos de Azpeitia, Zestoa y Errezil.
Los ayuntamientos implicados han informado, en un comunicado conjunto, de que la dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco ha dictado una resolución negativa de impacto ambiental del proyecto, lo que «hoy por hoy hace inviable su ejecución».
El informe sostiene que el proyecto presentado no cumple una serie de requisitos indispensables para la protección del medio ambiente, por lo que lo considera «inviable».
Los tres ayuntamientos han recordado que desde que la empresa Statkraft planteó la instalación del parque en el monte Piaspe, establecieron que cualquier proyecto debía cumplir tres condiciones, la primera de las cuales consistía en ofrecer «garantías de protección medioambiental y vigilancia de ecosistemas».
También reivindicaron que se implementaran un sistema de control por parte de la administración pública y se garantizase la participación ciudadana.
La tercera condición consistía en orientar la energía generada a la satisfacción del consumo energético local «para favorecer el autoabastecimiento y el beneficio social del territorio».
La resolución de impacto ambiental establece que no se cumple el primero de los requisitos reivindicados por los ayuntamientos, según han resaltado Azpeitia, Errezil y Zestoa.
El proyecto eólico Piaspe, de 33 MW de capacidad, prevé la instalación de cinco aerogeneradores en un monte ubicado en los municipios de Azpeitia, Zestoa y Errezil.
La empresa noruega pretende generar en este parque «energía limpia, asequible y autóctona a 24.300 hogares» y prevé crear 81 puestos de trabajo.
Esta misma empresa contaba con otro proyecto similar en Euskadi, el parque eólico de Itsaraz, que afectaba a los términos municipales de Aramaio (Álava) y Eskoriatza (Gipuzkoa), pero el Ministerio de Transición Ecológica emitió en enero una declaración de impacto ambiental desfavorable.
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