«Instamos a las administraciones públicas, Ayuntamiento de San Sebastian, Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco, en las competencias que les corresponden, a que respondan a la situación de estas 60 personas valorando posibles alternativas en las que estaremos dispuestas a colaborar». Quienes firman esta petición tras el desalojo de ayer del Infierno son las asociciones que conforman la Comisión de Personas Sin Hogar de la plataforma SARGI (Emaús, Caritas Gipuzkoa, Loyola-Etxea, Arrats, Red de Acogida Ciudadana y SOS Racismo).
Esta comisión se congratula en el comunicado de que ayer no se produjeran altercados durante el desalojo y reconoce su sorpresa por la materilización del desalojo «a pesar de la declaración del Estado de Alarma actual y de la grave situación sanitaria en la que nos encontramos que exige un confinamiento domiciliario como medida para el bien común.
«Desde las entidades sociales llevamos tiempo insistiendo a la administración en la necesidad de articular alternativas sociales y habitacionales para salir de ese lugar inadecuado donde se carece de unas condiciones dignas de habitabilidad y seguridad», expresan estas asociaciones, que añaden que el esfuerzo económico y social realizado por las administraciones en colaboración con nuestras entidades desde el mes de marzo con este colectivo no se ha mantenido el tiempo suficiente para proteger a estas personas en su proceso de inclusión.
Por todo ello piden que que las instituciones no miren hacia otro lado y pongan medios para ayudar a estas personas.
En términos parecidos se ha expresado Elkarrekin Donostia, grupo que teme además la criminalización de la imagen de estas personas.
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