Tribunales

Fiscal del caso Zestoa: «En este juicio ha planeado la violencia de género»

El proceso en que se juzga a la mujer y a otras cinco personas terminó ayer a la espera de sentencia

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Juzgados. Foto: Santiago Farizano

San Sebastián, 19 dic (EFE).- El fiscal del caso de la vecina de Zestoa (Gipuzkoa) a la que su expareja denunció por coacciones para que renunciara a la custodia compartida del hijo de ambos señaló que en el juicio “había planeado la violencia de género” y aseguró que pocas veces había escuchado un relato tan dramático como el de la acusada cuando ayer relató ser víctima de maltrato psicológico.

El juicio contra esta mujer, para la que el Ministerio Público solicitaba inicialmente tres años de cárcel por un delito continuado de coacciones y otro contra la integridad moral, concluyó ayer viernes con la presentación de los informes de las partes, en una sesión en la que el fiscal explicó por qué se acogió a la eximente completa de “miedo insuperable” para retirar las acusaciones contra la mujer.

En esta causa, se juzgó a otras cinco personas, entre ellas el actual alcalde de Zestoa (EH Bildu), Mikel Arregi, a los que retiró también la pena de prisión de dos años y siete meses que reclamaba y rebajó de 30.000 a 15.000 las multas que pedía en conjunto.

En octubre de 2018 la expareja de la mujer presentó una denuncia en la que señalaba que, tras la ruptura sentimental en 2016, se difundió en Zestoa el rumor de que era un “maltratador, un drogadicto y un alcohólico” e incapaz de cuidar a su hijo y acusó a los procesados de crear un “grupo de presión” y cometer actos de hostigamiento.

Violencia de género

Durante su intervención ayer, el fiscal señaló que durante este procedimiento “había planeado la violencia de género” y remarcó que “no se puede volver la espalda al sufrimiento de la demandada y el relato desgarrador” que pronunció en su declaración de ayer.

“El denunciante estaba en todo su derecho de pelear por la custodia de su hijo, por mucho que les duela a la acusada y sus amigas”, indicó el fiscal, que consideró que “existían pruebas que corroboran actos de hostigamiento” hacia el demandante.

En este sentido, cuestionó si “es normal debatir en un ayuntamiento algo tan privado como una separación” y señaló que, aunque los escritos dirigidos al consistorio de Zestoa por parte de las acusadas fueran sobre la violencia de género y no se dirigieran a nadie en particular, “el único que podía sentirse aludido era el demandante”.

Tuvo una referencia a Mikel Arregi, edil de EH Bildu en el momento de los hechos y actual alcalde de la localidad, que, según el testimonio del demandante, le dijo que “si no aceptaba las condiciones de su exmujer sobre la custodia le iban a arrinconar durante dos décadas”.

No obstante, contra los cinco causados restantes aplicó la atenuante por obcecación “en un estado pasional” porque en este caso se movieron “por la pasión” de proteger a su amiga.

Acusación particular mantiene los cargos

La acusación particular mantuvo los cinco años de prisión para la expareja del demandante y para el alcalde por un delito de coacciones continuadas y contra la integridad moral y cuatro años y dos meses por los mismos delitos para el resto de acusadas.

El abogado indicó que la exmujer de su representado “quiso obtener en la calle lo que no obtuvo en los juzgados y lo que logró fue el destrozo de una persona”.

Afirmó que su defendido sufrió “hostigamiento” e incidió en la “actitud delictiva” de Mikel Arregi. “Anunció que iba a estar arrinconado 20 años y ya lleva una década”, dijo.

En cuanto al resto de los acusados, afirmó que “se autodenominaron escolta social”, un grupo del que “ha quedado acreditado” que incurrió en un “dolo unitario” con sus acciones.

Por su parte, el abogado de los acusados incidió también en el carácter “especial” de este juicio que constituía —señaló— un “espejo en el que mirarse de cara al futuro” en lo relacionado con la violencia de género.

“Pudo haber un momento ayer en el que se dudara de quién era realmente el denunciante”, señaló el letrado, que incidió en que en este procedimiento se traslucía “uno de los pilares” de la lucha contra la violencia de género, que es la “solidaridad”, en este caso, la de las amigas de la denunciada, que no eran un grupo de presión sino “una red de apoyo”.

En relación a las palabras que supuestamente dijo Arregi al denunciante, señaló que solo éste mantiene que fueron tales mientras los otros tres testigos de la reunión niegan que hablara de “arrinconamiento”.

“No hay un solo acto de coacción acreditado contra las acusadas”, concluyó.


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