La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el proyecto de Norma Foral del impuesto turístico, que fija por primera vez cuánto pagarán los visitantes por alojarse en el territorio, con tarifas que podrán alcanzar los 5 euros por noche en hoteles de mayor categoría.
El nuevo tributo, que gravará estancias en hoteles, apartamentos, viviendas turísticas o campings, nace con un calendario oficial que sitúa su entrada en vigor en 2027. Pero ese plazo está ya en cuestión.
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha dejado claro que no quiere esperar y que aspira a que la tasa pueda aplicarse este mismo verano si las Juntas Generales logran un acuerdo para acelerar la norma.
“Apelamos a la responsabilidad de todos los partidos. Cuanto antes se apruebe, mejor”, ha señalado, insistiendo en que ahora se abre una fase clave de negociación. “La Diputación ha actuado rápido, pero ahora la decisión está en manos de las Juntas”.
Insausti no oculta su objetivo: adelantar la entrada en vigor en los municipios con mayor presión turística. “Nunca tiro la toalla”, ha afirmado.
Qué se pagará: del camping al hotel de lujo
El proyecto no solo define el impuesto, sino también sus importes, con una horquilla en función del tipo de alojamiento y un máximo de cinco noches por persona.
Los hoteles de cinco estrellas se situarán en la parte alta, con entre 2,50 y 5 euros por noche, mientras que los de cuatro estrellas oscilarán entre 2 y 4 euros y los de tres entre 1,50 y 3 euros.
En el caso de las viviendas de uso turístico, una de las modalidades más extendidas en ciudades como Donostia, el impuesto se moverá también en la franja alta, entre 2 y 4 euros por noche.
Por debajo quedan los apartamentos turísticos (1,50 a 3 euros) y el resto de alojamientos —pensiones, albergues, campings o casas rurales—, que en general se situarán entre 0,75 y 1,50 euros, con los agroturismos en la franja más baja.
Un impuesto local con margen municipal
El tributo recaerá sobre las personas alojadas, aunque serán los establecimientos los encargados de cobrarlo. Se aplicará a un máximo de cinco noches y contempla varias exenciones, como menores de edad, estancias por motivos de salud o estudios.
Además, los ayuntamientos tendrán capacidad para modular su aplicación: podrán bonificarlo completamente en municipios pequeños o aplicar recargos en aquellos con mayor número de plazas turísticas.



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