El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha vinculado este martes la decisión del Ayuntamiento de informar sobre la nacionalidad de las personas detenidas al modelo de la Euskal Polizia, defendiendo que la colaboración entre la Guardia Municipal y la Ertzaintza y la transparencia forman parte de la política de seguridad de la ciudad. “Donostia tiene que seguir siendo una ciudad segura y no voy a parar”, ha afirmado.
Insausti ha subrayado que la ciudadanía “quiere que mejore la seguridad” y ha enmarcado esta medida en un modelo más amplio que, según ha señalado, se ha ido reforzando en los últimos años. En ese sentido, ha destacado la colaboración entre la Guardia Municipal y la Ertzaintza, que considera clave para fortalecer el modelo de la Euskal Polizia.
“Somos pioneros en patrullas conjuntas, en la comisaría conjunta, en la obtención de datos sobre multirreincidencia… y este es un paso más”, ha indicado el alcalde, quien ha insistido en que la transparencia “desactiva discursos” y que la sociedad donostiarra “es mayor de edad”.
La decisión anunciada ayer
El Ayuntamiento anunció este lunes que comenzará a incluir el origen geográfico de las personas detenidas en sus comunicaciones, sumándose así al criterio adoptado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Desde el Consistorio se argumentó que facilitar este dato responde a un ejercicio de transparencia y que la información “precisa y veraz” contribuye a combatir estigmas y discursos basados en especulaciones.
La decisión se produce en un contexto de debate abierto, después de que el Ararteko abriera una actuación de oficio para analizar el cambio de criterio de la Ertzaintza, que durante años evitó ofrecer este tipo de datos en sus notas públicas.
Reacciones
PSE-EE, socio de gobierno del PNV, Elkarrekin Donostia y EH Bildu han expresado su desacuerdo, advirtiendo de que dar a conocer la nacionalidad de las personas detenidas puede reforzar prejuicios y no contribuye a reducir la delincuencia.
El PP, por el contrario, ha recordado que llevaba tiempo reclamando que se hiciera pública esta información y ha acusado al gobierno municipal de adoptar ahora una medida que había rechazado meses atrás.
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