La Asociación de Inquilinos/Vecinos de las VPO de Benta Berri Alokairu ha convocado una concentración el próximo 24 de marzo a las 12:00 frente al Parlamento Vasco, coincidiendo con la Comisión de Vivienda donde se expondrá la situación de las 500 familias del barrio en riesgo de perder sus hogares tras más de 30 años.
El motivo es el fin del periodo de protección de sus contratos, previsto para julio de 2028. Aunque la prórroga de dos años propiciada por la Consejería de Vivienda ha aliviado temporalmente la situación —tras la comunicación a 37 familias de la no renovación de sus contratos—, la asociación insiste en que no es una solución definitiva. En la concentración también participará Stop Desahucios.
La asociación alerta de que el riesgo ya es real. 37 familias han recibido comunicaciones de no renovación de sus contratos, con orden de desalojo por parte del propietario, el fondo Testa-Home-Blackstone.
No obstante, tras la intervención de la Consejería de Vivienda, la propiedad ha dado marcha atrás y todos los contratos han sido prorrogados por dos años más. Aun así, la asociación advierte de que la desprotección de las viviendas sigue prevista para 2028.
Alokairu denuncia la situación que atraviesan más de 500 familias de viviendas de protección oficial en Benta Berri. La pérdida de esta protección supondrá su paso al mercado libre, pese a estar construidas sobre suelo público.
Según denuncian, esto beneficiaría al fondo Blackstone, al que la ONU ha señalado por su impacto en la crisis de vivienda a nivel internacional.
El origen del problema
El conflicto se remonta a 1994, cuando el Gobierno Vasco impulsó la construcción de 510 VPO en Benta Berri. Las viviendas se adjudicaron en 1998 mediante sorteo, en un proceso que los vecinos consideran irregular.
En 1999 nació la asociación Alokairu. Desde entonces los residentes reclaman el derecho a compra tras 12 años, tal y como se publicitó en su momento.
La situación cambió en 2016, cuando la promoción pasó a manos de Testa Socimi, posteriormente vinculada a Blackstone.
Desde entonces, los vecinos denuncian un uso especulativo de unas viviendas concebidas como protegidas. Aseguran que, con las rentas pagadas durante décadas, han llegado a abonar el equivalente a dos veces el coste de construcción, todo ello sobre suelo público.
También advierten de que este proceso puede provocar un fuerte impacto social en el barrio y en el conjunto de Donostia.
Según recuerdan, el propio Gobierno Vasco ha calificado este modelo como un “experimento” en el que el coste ha recaído íntegramente en los inquilinos.
La situación actual
Actualmente, la preocupación es máxima. Además de las 37 notificaciones de no renovación, ya hay dos casos de extinción inminente de contrato.
La asociación exige la paralización inmediata de estas medidas y alerta del impacto social que tendría la expulsión de estas familias, que afectaría a cerca de 2.000 personas.
Aunque la prórroga de dos años ha aliviado la situación de forma temporal, insisten en que no es una solución definitiva.
Por ello, en su comparecencia ante el Parlamento Vasco reclamarán una solución global. Su objetivo es garantizar que las viviendas sigan siendo VPO más allá de 2028 y asegurar la permanencia de las familias en sus hogares.
“La vivienda en Donostia no puede resolverse expulsando a quienes ya tienen un hogar”, defienden. La asociación exige responsabilidades y una respuesta estructural al problema.
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