San Sebastián, 6 may (EFE).- Los dos procesados por las presuntas irregularidades detectadas en el reparto de asuntos en los Juzgados de lo Social de San Sebastián entre los años 2014 y 2018 se sentarán este mes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Gipuzkoa, donde serán juzgados por un tribunal del jurado.
Los inculpados son un funcionario de la administración de Justicia y un abogado, cada uno de los cuales se enfrenta a una petición de diez años de cárcel por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa.
El juicio comenzará el próximo día 23, viernes, con la selección de los miembros del jurado, aunque las sesiones de la vista oral no arrancarán hasta el lunes 26, para finalizar cuatro días más tarde, el viernes 30.
Según han informado a EFE fuentes del caso, está previsto que el 2 de junio la magistrada presidente haga entrega del objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, quienes se retirarán a partir de ese momento para iniciar sus deliberaciones.
Secreto de sumario
Los dos procesados, que fueron detenidos por la Ertzaintza en junio de 2018 en el marco de una investigación sobre la que se decretó el secreto de sumario, están acusados de distintos delitos continuados de falsedad en documento público y oficial, daños por alteración de datos informáticos, y cohecho.
Además de las citadas penas de cárcel, el Ministerio Público reclama para el funcionario una multa de 24.400 euros y 17 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, mientras que para el abogado demanda una multa de 60.000 euros y que se le inhabilite para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena.
Las presuntas irregularidades fueron detectadas en enero de 2018 por el Decanato de San Sebastián que denunció sus sospechas a la Ertzaintza «tan pronto como tuvo conocimiento» del caso.
Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, durante los cuatro años en los que presuntamente se produjeron las irregularidades, el funcionario procesado trabajó en la sección de Registro y Reparto del Decanato de San Sebastián, donde se presentan los distintos documentos y escritos dirigidos a los juzgados de la capital guipuzcoana.
Las demandas laborales presentadas en esta instancia eran distribuidas posteriormente mediante un sistema aleatorio de reparto entre los cinco juzgados de lo social existentes en la ciudad, «con sujeción estricta a las normas» adoptadas por la Junta de Jueces.
Por su parte, el segundo acusado, que ejercía como abogado laboralista en un despacho donostiarra, donde también trabajaba su esposa como letrada, solía intervenir en numerosos procedimientos de incapacidad, impugnación de altas médicas y otras reclamaciones frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El documento del Ministerio Público señala que el letrado quería que esas demandas fueran «tramitadas y resueltas» por determinados juzgados concretos, para lo que presuntamente se concertó con el citado funcionario con el fin de «alterar» el reparto judicial mediante la manipulación del sistema informático, de manera que los casos, «tanto suyos como de su esposa», que él quería fueran desviados al juzgado de «su elección».
Con este fin, presuntamente daba «en mano» al funcionario las demandas laborales que le interesaba mandar a un juzgado en concreto, en lugar de presentarlas en el Decanato, aunque también le entregaba otras cuyo destino le resultaba «indiferente» y que podían ser turnadas «a cualquier juzgado» con el fin de «no llamar la atención».
De esta manera, el funcionario registraba todas ellas con normalidad aunque, en caso de que las que él señalaba no recayeran en el juzgado pretendido presuntamente anulaba el reparto «correcto» y volvía a repartirlo de forma aleatoria para no levantar «sospechas», tantas veces como hiciera falta, hasta conseguir derivarlas al juzgado deseado.
Ocultar manipulaciones
Con este objetivo, el funcionario también llevaba a cabo alteraciones en otros procedimientos registrados para «lograr el fin pretendido u ocultar sus manipulaciones».
En concreto, el texto del Ministerio Público describe cuatro métodos diferentes supuestamente usados por el procesado «para modificar fraudulentamente el reparto», y destaca que en alguna oportunidad llegó a realizar hasta catorce «anulaciones» y nuevos repartos.
De esta manera, alteró fraudulentamente el reparto judicial de forma continuada entre 2014 y 2018, años en los que presuntamente logró desviar múltiples demandas a los juzgados que deseaba el otro procesado, a cuyo requerimiento también modificó, de forma «contraria a las normas», la fecha de entrada de las demandas en alguna ocasión poniéndoles un sello con una data anterior.
En compensación por estos «servicios» que prestaba al abogado, el funcionario presuntamente recibió distintas cantidades de dinero cuya cantidad total no se ha podido determinar porque los pagos se hacían en metálico para que no quedara rastro, si bien estas compensaciones motivaron un enriquecimiento económico injustificado del funcionario «superior a los 12.000 euros».
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