En un «estado de preocupación y miedo» afirman vivir los habitantes en las más de 500 viviendas de Benta Berri de alquiler social que están en manos ahora de los fondos buitre Testa Blackstone pese a que se levantaron en suelo público.
Recién superado el problema de Victoria, una mujer que ha estado muy cerca del desahucio pero ha logrado llegar a un acuerdo con el fondo para ser reubicada, otros vecinos «con sus cuentas al día» se encuentran ahora con unas cartas que les anuncian que sus contratos, que están cercanos a su vencimiento «y deberían ser prorrogados automáticamente», serán prorrogados solo por seis meses. Y que “tratándose de una prórroga extraordinaria (…) llegado el día de vencimiento (…) el contrato quedará automáticamente extinguido”.
Desde Alokairu, la asociación que vela por los intereses de estos vecinos y que trabaja codo con codo con Stop Desahucios y con Inquilinos de Azora, muestran su preocupación al respecto y anuncian que ya han tomado medidas.
Las cartas están firmadas en esta ocasión por Testa y UTE Benta Berri y a los firmantes se han dirigido. «Tras ponerse en contacto varios vecinos con ambas entidades les comunican que probablemente se trate de un error y que se pueden acoger al contrato anterior (sin que esto quede recogido en ningún lugar)», denuncia Alokairu, que considera que se trata de una nueva muestra de «las prácticas abusivas e intimidatorias que se están usando en contra del vecindario».
Con el único afán de «vivir tranquilos» en sus viviendas, los vecinos de Benta Berri recuerdan que su situación es de incertidumbre de cara a 2028 (cuando se liberalice el precio de los alquileres) y afirman que se sienten desprotegidos por las diferentes instituciones. De hecho vuelven a pedir al Gobierno vasco «que tome cartas en el asunto».
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