Stop Desahucios Gipuzkoa ha iniciado una campaña para exigir que portales e intermediarios inmobiliarios cumplan la Ley de Vivienda en los municipios tensionados, con una agenda institucional y municipal que se concentra esta última semana de febrero.
La principal novedad es la comparecencia de la plataforma hoy mismo ante la comisión de Comercio, Turismo y Consumo del Parlamento Vasco. Según explica el colectivo, el objetivo es “instar a la Consejería homónima a que inspeccione si la oferta de viviendas en alquiler que los portales e intermediarios inmobiliarios ofrecen en los municipios tensionados cumple con la limitación de precios que regula la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda”.
La iniciativa se completa con la tramitación de mociones en distintos ayuntamientos guipuzcoanos durante esta misma semana. En concreto, Stop Desahucios señala que las propuestas se debatirán en los plenos de Errenteria el 24 de febrero, Donostia el 26 e Irun el 27, mientras que Lasarte-Oria ya la aprobó el pasado 12 de febrero.
La plataforma recuerda que la Ley 12/2023 establece que “las viviendas en alquiler propiedad de grandes tenedores, así como los nuevos contratos de pequeños tenedores, deben ajustarse a los precios fijados en los índices de referencia”, y que en el caso de viviendas previamente arrendadas por pequeños propietarios “el nuevo contrato debe respetar la renta fijada en el último contrato vigente”. Sin embargo, denuncia que la oferta en portales inmobiliarios de Donostia, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y otros municipios tensionados “a simple vista, no cumple estos criterios establecidos por la Ley de Vivienda”.
Por ello, Stop Desahucios afirma que la comparecencia de hoy busca que, “en aplicación de la Ley Vasca de Consumo 4/2023, de 27 de abril, y de la reciente Ley estatal 10/2025, de 27 de diciembre, se compruebe que las ofertas de las inmobiliarias en el mercado del alquiler cumplen con la Ley 12/2023”.
Las mociones municipales plantean que las oficinas de consumo locales también desarrollen tareas de inspección sobre los anuncios de alquiler, incluyendo “la oferta masiva de viviendas en régimen de alquiler temporal y/o por habitaciones, que se anuncian sin el código de identificación preceptivo, así como a las Viviendas de Uso Turístico”.
La organización enmarca la campaña en el contexto de la crisis de acceso a la vivienda en Euskadi y advierte de que “la insoportable crisis habitacional existente en Euskadi se verá agravada con la finalización de 25.695 contratos de alquiler durante el año 2026”. Asimismo, indica que tiene constancia de “una treintena de familias afectadas en Gipuzkoa” que han solicitado prórrogas extraordinarias y que, según denuncia, se enfrentan a la negativa de los arrendadores a renovar contratos para volver a ofertar las viviendas con rentas superiores.
Ante esta situación, Stop Desahucios exige que las administraciones vascas implicadas “actúen y sancionen con contundencia estas prácticas ilegales” y reclama también que los ayuntamientos tensionados difundan de forma clara las medidas de la Ley de Vivienda, entre ellas la limitación de precios, el mantenimiento de la renta del último contrato y la información sobre prórrogas extraordinarias.
Según concluye el colectivo, “el cumplimiento de estas medidas garantizará la reducción del número de demandas de desahucio”, tanto por impago de rentas elevadas como por finalización de contratos sin aplicación de las prórrogas previstas.
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