Stop Desahucios ha calificado de “claramente insuficiente” el nuevo Real Decreto-ley 2/2026, conocido como escudo antidesahucios, al permitir —según denuncia— que inquilinos en situación de vulnerabilidad acreditada puedan ser desahuciados sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea titular de dos o menos viviendas.
La plataforma ha hecho pública su valoración tras la aprobación del decreto, que está pendiente de convalidación en el Congreso y que ya ha sido anunciado que no contará con el apoyo de PP, Vox y Junts.
El nuevo decreto, además de regular la suspensión de desahucios, incluye medidas como el bono energético y la prohibición de cortes de suministros básicos para los sectores más vulnerables. Sin embargo, Stop Desahucios critica que su principal novedad —permitir el desalojo cuando el propietario tenga dos o menos viviendas— no tenga en cuenta el patrimonio total del arrendador, como garajes, trasteros o terrenos, a la hora de valorar su posible situación de vulnerabilidad.
Según recuerda la plataforma, tanto este decreto como el anterior escudo social permiten compensar económicamente a los propietarios afectados por la suspensión de desahucios. En Euskadi, el pasado año se beneficiaron de estas compensaciones 259 arrendadores, una medida que, a juicio del colectivo, “no resuelve el problema de fondo”.
Ese problema, subrayan, son los alquileres impagables que obligan a miles de familias vascas a destinar más del 50% de sus ingresos a la vivienda. Muchas de ellas acaban siendo demandadas por impago, tanto por grandes como por pequeños propietarios, en un mercado que Stop Desahucios define como “especulativo”.
La plataforma denuncia además que en los municipios declarados tensionados no se están cumpliendo las limitaciones de precios que establece la Ley de Vivienda y que numerosas viviendas se están desviando del uso residencial hacia contratos temporales ilegales, sin regulación en la LAU ni en la propia ley.
Stop Desahucios alerta de que no existen datos oficiales sobre cuántas familias vulnerables tenían su desahucio suspendido hasta el 31 de diciembre ni cuántas quedarán ahora fuera de la protección del nuevo decreto. En este contexto, advierten de que los juzgados irán fijando fechas de lanzamiento a lo largo de este año, tanto si el decreto se convalida como si decae.
La plataforma cifra en unos 60.000 los desahucios suspendidos en el Estado y en miles los casos en Euskadi. A ello se suman los desahucios derivados del fin de contratos: solo en Gipuzkoa, 8.109 contratos de alquiler finalizan en 2026, frente a más de 36.000 en el conjunto de Euskadi, muchos de ellos sin intención de renovación por parte de los propietarios.
Ante este escenario, Stop Desahucios reclama al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos que garanticen una alternativa habitacional digna para las familias vulnerables, tal y como establecen organismos internacionales como la ONU. Denuncian que el parque público de vivienda social es insuficiente y que las viviendas municipales de emergencia social están “llenas y colapsadas”.
“¿Qué va a pasar con estas familias, con menores o personas con discapacidad? ¿Van a dormir en la calle?”, se pregunta la plataforma, que anuncia movilizaciones públicas para denunciar lo que considera la irresponsabilidad de PP, Vox y Junts por no apoyar el decreto, al tiempo que exige al Gobierno Vasco y a la Consejería de Vivienda soluciones urgentes para evitar que miles de personas queden sin hogar.
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