En la víspera de la celebración del Encuentro Internacional sobre la Vivienda en Tabakalera, Stop Desahucios informa de que, por el momento, veinte familias de los municipios tensionados de Donostia, Errenteria e Irun han solicitado acogerse a la prórroga automática de hasta tres años de sus contratos finalizados, tal y como recoge la disposición final primera de la Ley de Vivienda.
En un comunicado la plataforma destaca que todas estas familias pagan puntualmente alquileres muy elevados que, en estas localidades, suponen destinar más del 50 % de sus ingresos y que confían en que las prórrogas «les garanticen la estabilidad necesaria para seguir con su proyecto de vida».
Stop Desahucios también incide en que el Colegio de Registradores de la Propiedad ha señalado un nuevo récord histórico en el precio del metro cuadrado, con 5.961 euros en Donostia y 3.752 euros en Gipuzkoa, cifras que superan las registradas durante la burbuja inmobiliaria de 2008. Stop Desahucios subraya que, en ninguno de los casos conocidos, los arrendadores han ofrecido la renovación del contrato. En lugar de ello, explican, únicamente comunican «la fecha de entrega de llaves con el desalojo» y algunos incluso rechazan la aplicación de estas prórrogas extraordinarias.
La plataforma asegura no entender el comportamiento de estos propietarios, tanto grandes como pequeños, «si no es porque están guiados por el objetivo de rentabilizar al máximo el beneficio del alquiler», tratándolo como un producto de inversión y no como un bien de uso social. Recuerdan que, en los municipios declarados tensionados, cualquier nuevo contrato debe respetar la renta del contrato anterior, por lo que no puede incrementarse.
Según Stop Desahucios, muchos arrendadores «prefieren ofrecer las viviendas como turísticas o con contratos temporales o de habitación», modalidades que no están sujetas a la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos ni a la Ley de Vivienda. Además denuncian que gran parte de esos contratos temporales son «fraudulentos», al camuflar viviendas de uso residencial bajo supuestas necesidades laborales, de estudios u otras circunstancias. Los juzgados, señalan, están condenando este tipo de prácticas y reconociendo que se trata realmente de contratos de uso residencial con duraciones de cinco o siete años, según el tipo de arrendador.
La organización sostiene que, ante la especulación y el descontrol del mercado del alquiler en los municipios tensionados, las administraciones estatales, autonómicas y locales «tienen el deber de regularlo en defensa del bien general y de la cohesión social». Reclaman una aplicación firme de los mecanismos de la Ley de Vivienda —que, recuerdan, «sufre una campaña de acoso y derribo por parte de los grandes tenedores, fondos buitre, bancos e inmobiliarias»— y la necesidad de cerrar los vacíos legales que permiten la especulación, especialmente en el ámbito de los pisos turísticos y los contratos temporales o de habitación.
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