El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado la consulta pública previa para elaborar Alokaplus, un nuevo programa que ofrecerá a las personas propietarias un seguro público de impagos y desperfectos en viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado. El consejero Denis Itxaso ha anunciado la medida durante la inauguración del congreso House Action, donde la ha enmarcado en la estrategia del Gobierno para frenar la tensión del mercado y ampliar la oferta de alquiler.
La consulta se realiza al amparo del artículo 11 de la Ley 6/2022, que obliga a recabar la opinión de la ciudadanía antes de redactar nuevas normas. Durante quince días hábiles, cualquier persona u organización podrá enviar aportaciones sobre la oportunidad, objetivos y alcance del futuro programa. La resolución está disponible en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco.
El Ejecutivo recuerda que en los últimos años se han aprobado medidas para reforzar la protección de las personas inquilinas -como la suspensión de lanzamientos a hogares vulnerables o la declaración de zonas tensionadas- que, si bien han mejorado su situación, también han generado reticencias entre algunos propietarios a sacar sus viviendas al mercado, reduciendo la oferta disponible.
Hasta ahora la compensación a arrendadores afectados por suspensiones de desahucios se limitaba a lo previsto en la Orden de 26 de octubre de 2021, que solo cubre un supuesto concreto y además con importes inferiores al perjuicio real. Alokaplus nace para mejorar esa cobertura: garantizará el pago de la renta, los suministros y los desperfectos, desde el auto de admisión de la demanda, y hasta un límite que fijará la futura orden. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica y animar a incorporar al alquiler viviendas hoy vacías, siempre con precios ajustados al índice de referencia.
El programa también busca facilitar el acceso a la vivienda para colectivos que encuentran mayores barreras, como menores de 35 años, familias monoparentales, hogares con menores a cargo y personas con diversidad funcional o psíquica. Vivienda defiende que la iniciativa permite equilibrar derechos y garantías de arrendadores y arrendatarios en un contexto de elevada presión sobre el mercado residencial.
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