En julio finalizan los 15 años de alquiler social de 33 familias de Irun que viven en pisos que son propiedad de la empresa Artigalde. En abril de 2022 pasará igual con 40 familias de Errenteria. En ambas promociones los inquilinos proceden de las listas de Etxebide como demandantes de una vivienda de alquiler social, precisamente porque no podían comprar ni acceder a una vivienda de alquiler en el mercado privado. «Tenemos conocimiento de que muchas de ellas, por su situación económica, ahora tampoco van a poder acceder a un préstamo bancario, por lo que acabarán siendo desalojadas de sus viviendas protegidas».
Una vez más Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos de Azora ponen el foco en el caso de quienes pagan un alquiler social con caducidad, como en los casos citados, y que de la noche a la mañana pueden ver cambiadas las reglas del juego hasta tener que abandonar sus casas.
Por ello las tres asociaciones recuerdan que «la Ley de vivienda vasca (art 65) y el decreto 315/2002 de 30 de diciembre permiten al Gobierno vasco a ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir las viviendas de VPO cuya protección haya finalizado y cuyos inquilinos no puedan comprarlas, aunque sea a precios tasados».
«No vamos a permitir que familias vulnerables de las VPO en régimen de alquiler en Gipuzkoa puedan ser desahuciadas una vez finalizado el periodo de sus alquileres sociales», afirman, y a los casos citados suman la situación recientemente denunciada de 52 familias de Lasarte-Oria, otras tantas en Zumaia, las de Benta Berri con el fondo buitre Blackstone o los inquilinos de Inmobiliaria Vascongada que pasaron a serlo del fondo buitre Azora.
«Insistimos en la denuncia de que todas estas empresas adjudicatarias de las VPO del territorio han disfrutado de la subvención a fondo perdido del 10% del precio de venta de dichas viviendas mas anexos», recuerdan las plataformas, desbordadas por un fenómeno creciente en Euskadi que provoca incertidumbre en muchas familias.
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