Alquileres temporales bajo la lupa: Stop Desahucios exige el cumplimiento de la ley

Esta mañana se ha celebrado una concentración convocada por Stop Desahucios de Gipuzkoa en San Sebastián para denunciar la proliferación de contratos temporales de alquiler fraudulentos en viviendas habituales. La protesta ha contado con el respaldo de organizaciones sociales como Cáritas, ciudadanía y representantes de Podemos, EH Bildu e IU, que han mostrado su apoyo a tres personas afectadas: Gina, Fernando y Pilar.

La organización ha destacado como logro reciente el caso de Gina, cuya vivienda estaba sujeta a un contrato temporal de 11 meses. Gracias a la intervención legal de su abogado, se ha alcanzado un acuerdo judicial que reconoce la ilegalidad del contrato inicial y lo convierte en uno legal de cinco años, conforme a lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Este precedente refuerza la postura de Stop Desahucios, que insiste en que estos contratos no pueden emplearse cuando se trata de residencias habituales sin causa temporal justificada.

“Se trata de una práctica fraudulenta que vulnera los derechos de los inquilinos”, han denunciado desde la organización. Casos como el de Fernando, quien enfrenta un proceso similar en Donostia, o el de Pilar, residente en Errenteria y con un contrato de seis meses a punto de finalizar, son prueba de una estrategia cada vez más extendida por parte de grandes tenedores, fondos de inversión e incluso propietarios particulares.

En el caso de Pilar, Stop Desahucios subraya que, al estar Errenteria declarado como municipio tensionado desde el 31 de enero, la nueva Ley de Vivienda permite una prórroga automática del contrato por hasta tres años, otro instrumento legal que puede proteger a inquilinos en situación de vulnerabilidad.

Durante la concentración, Stop Desahucios ha lanzado un mensaje claro a todas las personas inquilinas que se vean forzadas a firmar este tipo de contratos: existen herramientas jurídicas para reconvertir contratos temporales fraudulentos en contratos estables y legales. La organización anima a recurrir a la vía judicial para hacer valer la legalidad vigente y la abundante jurisprudencia que ampara estas reclamaciones.