Recuerdan las plataformas de la vivienda que cuando el fondo Azora compró Inmobiliaria Vascongada y con ello 320 viviendas alquiladas en Donostia, la empresa anunció que optaría por la «continuidad» de los alquileres. Sin embargo Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos de Azora han anunciado hoy piquetes para impedir dos desahucios en Ategorrieta. Uno de ellos, «en circunstancias trágicas», es el de Alejandra, madre de tres hijos menores. Y el otro el de Iñaki Setién y su mujer.
A Setién, que paga una mensualidad del 750 euros desde hace años ininterrumpidamente, Azora le sube el 33% del alquiler. A él ya le han impuesto la demanda de desahucios, si bien su caso es exactamente igual que el de otros cinco inquilinos de Ategorrieta con contratos finalizados entre agosto y noviembre que no pueden afrontar esta subida y que según parece serán los siguientes.
Además, tal y como se ha dicho durante la rueda de prensa frente a la sede de Azora, en la plaza Pinares (Gros), en algunos de estos casos se trata de viviendas interiores, sin reformar, con alquileres ya de por sí elevados para las características que tienen.
El otro caso es el de Alejandra y según Rosa García, de Stop Desahucios, cuando esta mujer habló con Azora, le aseguraron que «tendrían en cuenta sus circunstancias» y pese a todo ha sufrido una demanda de desahucio.
El desalojo de Alejandra está previsto para el 3 de marzo y, como ya se ha dicho, tiene tres hijos menores y «una situación familiar muy grave». Y los presentes esta mañana en la plaza Pinares han asegurado que organizarán piquetes para impedir el desahucio.
En mazo pasado, a causa del covid, cerró la empresa de limpieza donde Alejandra trabajaba, y la mujer estuvo en ERTE hasta agosto de 2021. Incapaz de hacer frente al pago del alquiler, Azora, en vez de aplicarle a la mujer la condonación del 50% de la renta de cuatro meses como regula el decreto de 31/03/2020, acordó con ella el 11 junio de 2020 una moratoria.
Al resultado de esta moratoria, ya de por sí impagable para Alejandra, se le suma que el 17 de marzo de 2021 volvió a firmar otro acuerdo por el que se comprometía a pagar la deuda generada de 8.669 euros, prorrateada en 16 meses a 541 cada mes, que añadida a la renta de 890 euros supone una cifra de 1.431 mensuales.
En esta circunstancias el mes pasado el fondo Azora lanzó la demanda de desahucio.
«No vamos a permitir que Azora obtenga su objetivo de vaciar las viviendas compradas en enero 2020 para
convertirlas en pisos turísticos o ir imponiendo subidas impagables«, ha expresado Rosa García, de Stop Desahucios, incidiendo en la necesidad de que a los fondos como Azora, grandes tenedores de vivienda, se les aplique un código de buenas prácticas como el bancario o el ‘decreto Guindos’ que desde el 6 de marzo de 2012 impide desahuciar a los hipotecados en situación de vulnerabilidad.
Además de miembros de las tres plataformas citadas, esta mañana se han manifestado también miembros de EH Bildu y de Elkarrekin Donostia.
