El colectivo AZGA (Alde Zaharreko Gazte Asanblada) ha denunciado que varias personas que acudieron al pleno municipal de Donostia el 29 de mayo de 2025 están recibiendo sanciones administrativas de 800 euros por persona, lo que, según sus cálculos, elevaría el importe total a 32.000 euros.
Los hechos se remontan a la sesión plenaria celebrada el pasado año en el Ayuntamiento donostiarra, en la que se produjeron altercados relacionados con el posible desalojo del Guardetxe de Urgull. Según informó entonces el Consistorio, el incidente se saldó con un detenido, cinco imputados y cuatro agentes de la Guardia Municipal heridos.
En el comunicado difundido ahora, AZGA sostiene que las sanciones responden a un intento de “criminalizar la solidaridad” con el Guardetxe y asegura que, además de las multas, el procedimiento judicial abierto continúa su curso. El colectivo afirma que está a la espera de la petición de penas por parte de la Fiscalía y que prevé que puedan solicitarse penas de prisión, si bien no concreta en qué fase procesal se encuentra actualmente el caso.
Según el colectivo, su intención aquel día era trasladar al alcalde una solicitud formal de reunión en el marco del pleno municipal y expresar su apoyo al Guardetxe, extremo que, según indican, no pudieron realizar tras ser desalojados de la sala. AZGA ha anunciado que responderá a estas sanciones mediante movilizaciones.
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