Los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán siguen desaparecidos más de tres meses después del derrumbe y el vertedero de Zaldibar, donde las máquinas siguen trabajando, ha pasado a un segundo plano en parte por el coronavirus pese a los intentos de los vecinos de las tres localidades más afectadas: Zaldibar, Eibar y Ermua. Con todo ayer Bruselas anunció que examinará el derrumbe ante la gravedad del caso con la pretensión de que se reparen adecuadamente los hechos.

A colación de unas preguntas del Partido Popular la Comisión Europea anunció que dada la “gravedad del caso” va a examinar lo sucedido y pedir información a las autoridades españolas. Quien respondió fue el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.

Plataformas vecinales de las localidades citadas, que engloban a cerca de 50.000 habitantes, mantienen el nivel de sus críticas hacia el Ejecutivo vasco. Y es que tras el deslizamiento de hace tres meses y las muertes se dieron diversas circunstancias que pusieron en jaque la actuación institucional: la aparición de amianto en en vertedero, el hecho de que los trabajadores no estaban correctamente pertrechados en la búsqueda de los cuerpos, el incendio que comenzó después y tardó varios días en apagarse, la calidad del aire que obligó a cerrar ventanas de las tres localidades durante días, la sobreexplotación en el enclave…

El consejero Iñaki Arriola, sin embargo, en una entrevista a Radio Euskadi, expresaba recientemente que se ha avanzado mucho a lo largo de estos meses y que persisten en la búsqueda. “El Gobierno vasco ha comprometido nueve millones de euros en la búsqueda, estabilización y actuaciones allí. Cien personas trabajan en el ámbito del vertedero. No hemos parado en ningún momento”.

También indicó que por ahora no hay noticias de la auditoría que estudia la causa del desprendimiento.