El sindicato ELA ha analizado la actuación del Gobierno Vasco desde la transferencia de las prisiones de la CAPV y sus conclusiones son claras cuando habla de «reducción de personal, caos organizativo y riesgo de privatización, entre otras carencias que se han agravado en los últimos meses».
El sindicato denuncia que «el Gobierno Vasco no ha dado a conocer aún cuál es su proyecto y se limita a enmascarar la situación con una campaña de publicidad y autobombo que oculta deliberadamente numerosas carencias”.
«A fecha de hoy se desconoce el plan de infraestructuras: no se sabe si se van a construir Centros de Inserción Social para el cumplimiento de penas en régimen de semilibertad como se anunció en su día. Tampoco se conocen los planes para la plena utilización del Centro Penitenciario de Araba, para el nuevo Centro de Gipuzkoa (Zubieta), o sobre la eventual construcción de otro centro en Bizkaia. Dichos equipamientos son básicos para implantar un modelo penitenciario u otro», advierte ELA.
En opinión del sindicato «la falta de previsión» afecta directamente a la estructura de plantilla. «La transferencia se realizó sin cerrar este tema. Esta imprevisión ha supuesto un auténtico caos, como por ejemplo la falta de personal en las oficinas del Centro de Gipuzkoa (Martutene), que pasó de los diez efectivos necesarios a solamente dos».
En este punto considera el día a día sale adelante gracias al uso masivo de horas extras (las llamadas “peonadas”), la acumulación de turnos («hay personas que realizan jornadas de 48 horas seguidas sin descanso») y el no disfrute de libranzas. «La gestión de la transferencia ha traído precariedad, desigualdad, inseguridad”, lamenta ELA, que considera “inadmisible que un avance parcial en el ámbito competencial haya supuesto semejante retroceso social y laboral por la nefasta gestión del Gobierno Vasco”.
Le preocupa también al sindicato que las labores en el ámbito de la reinserción, realizadas hasta ahora por personal propio, podrían ser subcontratadas y llevadas a cabo por personal externo. “Por otro lado es inconcebible la abdicación del Gobierno Vasco en política lingüística. No solo no hay una plena integración del euskera en las prisiones, sino que ha dejado fuera de la oferta de formación al personal penitenciario y se utilizan sin rubor baremos estatales que infravaloran el euskera para la provisión de puestos”, lamenta.
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