Euskadi mantiene una imagen de estabilidad social, pero bajo esa apariencia se extiende una realidad más frágil. El último informe FOESSA (fundación de Cáritas) sobre exclusión social revela que, aunque las situaciones más graves han descendido desde la última crisis, cada vez más personas viven al límite.
En total, el 11,8% de la población vasca se encuentra en situación de exclusión social, y dentro de ese grupo un 3,8% —unas 84.000 personas— sufre exclusión severa. Sin embargo, el dato que más preocupa no es ese, sino el crecimiento de quienes viven en una situación inestable: la llamada integración precaria alcanza ya al 34,7% de la población, unas 766.000 personas.
Es lo que el propio informe define como un “ensanchamiento del espacio de la precariedad”: personas que, aun estando dentro del sistema, viven con incertidumbre constante. Empleos inestables, dificultades para acceder o mantener una vivienda digna o problemas para asumir gastos básicos, como medicación, dibujan un escenario de vulnerabilidad silenciosa.
Más de la mitad de la población (53,5%) se encuentra en una situación de integración plena, pero ese amplio bloque convive con otro casi igual de grande que vive en equilibrio inestable, a un paso de caer en la exclusión.
El impacto es especialmente duro en determinados colectivos. El 65% de las personas en exclusión vive en hogares con menores, y cuatro de cada diez personas extranjeras se encuentran en esta situación. También afecta de forma clara a quienes no tienen ingresos o buscan empleo.
El informe advierte además de un fenómeno creciente: la exclusión en el ámbito político y de ciudadanía, que ya afecta al 38,5% de la población. La imposibilidad de participar en la vida pública o de influir en decisiones que afectan al día a día agrava la sensación de desconexión social, especialmente entre las personas de origen migrante.
A esta realidad se suma la soledad. Un 15% de los hogares en exclusión sufre aislamiento social, sin redes de apoyo ante problemas o enfermedades. La ayuda mutua entre hogares ha caído de forma notable en los últimos años, reflejando una fractura social cada vez más profunda.
Pese a todo, el sistema de protección social muestra fortaleza. Prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Garantía de Ingresos alcanzan al 97,8% de las personas en pobreza real. Sin embargo, las dificultades cotidianas persisten: uno de cada cinco hogares no puede afrontar gastos imprevistos, un 18% no puede permitirse una semana de vacaciones y un 16% no puede renovar muebles básicos.
El informe no plantea un escenario alarmista, pero sí lanza un aviso claro: Euskadi tiene una base sólida, pero necesita mirar más allá de los datos generales. El reto pasa por reforzar el acceso a la vivienda, garantizar derechos plenos a las personas migrantes, proteger a la infancia y ampliar la participación social.
En palabras de Cáritas, se trata de avanzar hacia una sociedad en la que nadie quede fuera: menos centrada en la apariencia de bienestar y más en la dignidad real de todas las personas.
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