(EFE). La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a penas de entre cuatro años y medio y cinco años y un mes de cárcel a los seis miembros una banda de narcotraficantes desarticulada en 2016, que contaba con un laboratorio de drogas en un piso de Hondarribia y a la que le fueron intervenidos 80 kilos de «speed».
Por aquel entonces, esta aprehensión supuso una de las mayores incautaciones de este tipo de estupefacientes practicada en España en los últimos años.
Además de a estos seis procesados, cinco hombres y una mujer, cada uno de los cuales deberá abonar una multa de 1.425.000 euros, la Sección Tercera de la Audiencia también ha condenado a una pena de un año y diez meses y a una multa de 83.000 euros a un séptimo encausado, implicado en el caso pero que no formaba parte del grupo criminal.
Durante la vista por estos hechos, celebrada este martes, todos los inculpados han reconocido lo sucedido y han aceptado las condenas solicitadas por la Fiscalía, que ha rebajado su petición de pena inicial al aplicarles las atenuantes de toxicomanía y de dilaciones indebidas.
La operación policial de la Ertzaintza que permitió desarticular este grupo tuvo lugar en julio de 2016 e hizo posible el desmantelamiento de un laboratorio de droga instalado en una vivienda de Hondarribia, así como la detención de ocho personas, de las que finalmente sólo siete terminaron en prisión.
Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, además de los 80 kilos de «speed», el operativo también condujo a la incautación de veinte kilos de hachís, cerca de un kilo de cocaína y medio kilo de una variedad de metanfetamina denominada «crystal meth», considerada especialmente peligrosa para el organismo.
Un alijo de droga que, en su conjunto, podría haber alcanzado en el mercado negro un valor de un millón y medio de euros.
Este grupo de traficantes estaba afincado en las comarcas guipuzcoanas del Bidasoa y de Donostialdea, se aprovisionaba de droga procedente de Holanda y distribuía estas sustancias tanto en el País Vasco como en otras comunidades autónomas.
En este mismo operativo, la Ertzaintza también registró una decena de inmuebles, intervino ocho vehículos y decomisó 15.000 euros en metálico.
Durante la exposición del material incautado, realizado por la policía vasca el 21 de julio de aquel año, el jefe del Servicio Territorial de Investigación Criminal de la Ertzaintza de Gipuzkoa, Agustín Garate, explicó que el grupo se dedicaba a distribuir la droga por kilos o medios kilos a «camellos de menor entidad» que posteriormente la vendían en la calle, sobre todo en esta provincia pero también fuera de ella.
Las investigaciones policiales sobre esta banda, perfectamente jerarquizada y con cometidos concretos distribuidos entre sus miembros, se iniciaron a comienzos de 2016.
En concreto, dos de ellos realizaban labores de aprovisionamiento de sustancias de corte, como cafeína y lidocaína, a través de una empresa química de Madrid, para lo que usurpaban identidades de personas ajenas al grupo, de las que poseían sus documentos de identidad.
Los primeros arrestos de los presuntos delincuentes, de edades comprendidas entre los 34 y los 48 años, vecinos de San Sebastián, Irun y Hondarribia, se practicaron el 7 de julio de 2016 cuando los agentes de la Ertzaintza capturaron al presunto cabecilla de la red y a otros dos supuestos miembros en el laboratorio de Hondarribia.
Esta vivienda estaba siendo vigilada y la operación se llevó a cabo cuando la Ertzaintza comprobó que se hallaban en su interior los tres principales implicados, quienes «no estaban habitualmente juntos».
Posteriormente se detuvo a los otros cinco en Irun y San Sebastián. Estas personas se encargaban de la infraestructura, la logística -alquiler de locales y viviendas- y de la obtención de sustancias de corte.
En aquel momento, la Ertzaintza no pudo determinar qué cantidad de droga pudo elaborar y vender este grupo, aunque sí comprobó que en los últimos años había adquirido unos 800 kilos de sustancia de corte, 700 de ellos de cafeína.
A pesar de las condenas de prisión impuestas a los siete inculpados ninguno de ellos entrará en la cárcel, al haberles sido suspendidas estas penas con la condición de que no vuelvan a delinquir ni a consumir sustancias estupefacientes en los próximos años, en el caso de aquellos que ya han terminado su proceso de deshabituación a las drogas, y de que, el único que aún no lo ha terminado culmine este trámite con éxito.
