“No se puede vivir así”. “El barco no es un coche”. “Todo funciona por boquita”. Las sesiones de escucha organizadas por el Gobierno Vasco sobre el futuro de los amarres han reflejado un clima de incertidumbre, críticas y preocupación entre los usuarios de los puertos deportivos vascos y los aspirantes que ha quedado reflejado en las actas.
La reciente sentencia del TSJPV ha introducido además un nuevo elemento jurídico en ese debate. El tribunal se pronuncia sobre el recurso presentado por un usuario que perdió la titularidad de un amarre en la dársena deportiva donostiarra tras la convocatoria de plazas de 2021 y considera razonable sostener que perder un amarre puede provocar perjuicios difíciles de reparar.
La gestión de EKP
El documento de sesiones de escucha, elaborado tras encuentros celebrados entre octubre de 2025 y enero de 2026 con personas amarristas y usuarios en lista de espera, recoge críticas reiteradas a la gestión de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), peticiones de mayor transparencia y reclamaciones para cambiar los criterios de adjudicación.
Uno de los aspectos que aparece repetidamente es la sensación de inseguridad entre quienes ya tienen embarcación. Algunas personas describen el barco como “un proyecto de vida”, mientras otras advierten de que perder el amarre supondría “un daño vital y económico de gran magnitud”. Incluso aparecen testimonios que hablan de legados familiares de varias generaciones vinculados al mar.
La transparencia ocupa otro lugar central. En distintas sesiones se reclama que las listas sean públicas, digitales y accesibles, mientras algunas personas denuncian enchufismo, falta de información o prácticas irregulares. En una de las reuniones aparece citado el caso de Donostia como ejemplo de un sistema que, según participantes, “no ha funcionado nunca”.
Además´la reciente sentencia del TSJPV introduce ahora un nuevo elemento jurídico en ese debate. El tribunal estima el recurso presentado por un usuario que perdió la titularidad de un amarre en la dársena deportiva donostiarra tras la convocatoria de plazas de 2021 y considera razonable sostener que perder un amarre puede provocar perjuicios difíciles de reparar.
El fallo incorpora además argumentos similares a algunos de los expresados durante las sesiones participativas. Los magistrados reconocen que “una embarcación no es como un vehículo”, destacan que retirar un barco del amarre puede implicar elevados costes económicos y recuerdan que, en algunos casos, incluso podría obligar a vender la embarcación. También señalan que el afectado podía confiar legítimamente en continuar disfrutando de la concesión si había cumplido las condiciones previas.
Donostia aparece además varias veces en las sesiones de escucha. Entre las propuestas recogidas figuran eliminar la dársena de bienvenida, permitir el uso durante todo el año de la dársena pesquera y revisar el funcionamiento de las listas y adjudicaciones.
Las conclusiones de estas sesiones servirán ahora como base para la futura regulación de los títulos de amarre en puertos autonómicos, un debate que todavía va a dar para mucho. Más información, aquí.
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