La Policía Nacional ha detenido en Gipuzkoa a cuatro personas por delitos relacionados con la inmigración ilegal y la explotación laboral. Las víctimas, en su mayoría de origen marroquí, fueron captadas con la promesa de un trabajo digno, pero acabaron realizando tareas duras y mal remuneradas en condiciones de semi-explotación. La red operaba desde al menos 2019 en Euskadi, y se servía de empresas del sector de la construcción para simular contrataciones legales.
La investigación, que sigue abierta, ha revelado al menos 14 casos de contrataciones ficticias y 35 empadronamientos irregulares en viviendas de Irun y San Sebastián. La intención era facilitar la regularización de ciudadanos extranjeros, quienes pagaban hasta 3.000 euros por acceder a contratos en origen que no derivaban en empleos reales.
Vínculos rotos tras pocas semanas
Una vez en España, los trabajadores eran dados de alta brevemente en la Seguridad Social, pero rara vez llegaban a trabajar en las empresas que los contrataban. Según la Policía Nacional, estas altas duraban entre 13 y 26 días y sólo servían para cumplir los trámites que permiten consolidar la residencia legal. A continuación, eran derivados a otras obras o empleos precarios, sin garantías ni derechos laborales.
Los investigadores señalan que estas personas trabajaban sin control de jornada, sin cobertura de convenio y con sueldos muy inferiores a los legales. Muchos de ellos reconocieron haber pagado también por empadronarse en domicilios donde nunca residieron, como parte del proceso para legalizar su situación.
Una promesa rota
Las víctimas fueron contactadas en su país de origen por un intermediario residente en Euskadi, que las ponía en contacto con una abogada especializada en extranjería para tramitar los permisos. El proceso, aparentemente legal, acababa por convertirse en una trampa que les dejaba vulnerables y en muchos casos sin alternativas reales una vez finalizaba el vínculo laboral formal.
Detrás de esta red había beneficios económicos relevantes para los implicados, desde pagos por empadronamientos hasta servicios personales o retenciones de parte del salario.
Investigación en marcha
La operación, desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras con apoyo de otras unidades, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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