La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 54 años y nacionalidad argelina como presunto autor de un delito de abandono de menores en Gipuzkoa. El caso se detectó dentro de la llamada “Operación Zaugarria”, puesta en marcha por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa.
El menor, acogido desde mayo en el centro UBA de Gipuzkoa, había llegado a España a través del aeropuerto de Alicante junto a su padre. Ambos viajaron después en autobús hasta Bilbao, donde el hombre dejó al niño al cuidado de un conocido que lo trasladó a San Sebastián. Una vez en Gipuzkoa, el menor fue identificado como extranjero no acompañado y quedó bajo tutela pública.
Las investigaciones revelaron que el padre contaba con una autorización de estancia por estudios vigente hasta junio de 2026 y un domicilio en Alicante. Según la Policía, este caso resulta especialmente llamativo porque el hombre habría abandonado a su hijo pese a tener residencia legal en el país.
El pasado 8 de octubre, una mujer y un hombre se presentaron en el centro UBA afirmando ser la tía y el padre del menor. Cuando la Policía acudió al lugar, el supuesto progenitor ya había huido, por lo que se activó un señalamiento a su nombre.
Tras coordinarse con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante, los agentes localizaron al hombre, que se presentó voluntariamente en dependencias policiales de Alicante el 21 de octubre, donde fue detenido e informado de sus derechos. Posteriormente fue puesto en libertad con la obligación de hacerse cargo de su hijo.
El 23 de octubre el padre se presentó en la Comisaría Provincial de San Sebastián para recoger al menor. La Policía Nacional comunicó la situación al Centro de Acogida de Urgencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que trasladó al niño a dependencias policiales para proceder a la reagrupación familiar.
El menor salió así de la tutela de la Administración tras dar cuenta al Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián y a la Fiscalía de Menores. La Policía Nacional destaca la coordinación entre instituciones implicadas en la protección de menores y en el ámbito de extranjería, así como la necesidad de prevenir fraudes a la Administración en estos casos.
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