La Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente la ordenanza que regulará el impuesto sobre las estancias turísticas en Donostia, un tributo que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027 tras la entrada en vigor de la norma foral que permite a los municipios guipuzcoanos implantarlo.
El alcalde, Jon Insausti, ha destacado que se trata de «una medida largamente reivindicada por este Ayuntamiento», con la que la ciudad pretende que parte del coste de los servicios e infraestructuras utilizados por los visitantes sea asumido también por quienes se alojan en la capital guipuzcoana.
El nuevo impuesto gravará las pernoctaciones en hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, campings, agroturismos, casas rurales, albergues y también las escalas de cruceros.
Las tarifas oscilarán entre los 1,25 euros por persona y noche en agroturismos y los 7 euros para los pasajeros de cruceros. Los hoteles de mayor categoría y las viviendas de uso turístico abonarán 6,5 euros por noche, mientras que el impuesto solo se aplicará durante un máximo de seis noches consecutivas por estancia.
La ordenanza contempla diversas exenciones. No tendrán que abonarlo los menores de 18 años, las personas con discapacidad o dependencia y sus acompañantes, quienes se alojen por motivos sanitarios, educativos o de investigación vinculados a programas públicos, las personas beneficiarias de programas sociales y quienes deban alojarse por causas de fuerza mayor.
Según ha explicado Insausti, el objetivo es que los ingresos obtenidos contribuyan a financiar servicios públicos, limpieza, movilidad, mantenimiento de espacios urbanos, protección del patrimonio, seguridad y otras actuaciones relacionadas con la gestión del turismo y la convivencia en la ciudad. «Donostia se suma así a otras ciudades europeas que cuentan desde hace años con instrumentos similares para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y equilibrado», ha señalado el alcalde.
Junto a esta ordenanza, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también inicialmente las modificaciones de las ordenanzas reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de recogida de residuos, que continuarán ahora su tramitación administrativa.
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