La elaboración de la nueva ley ha sacado hoy a la calle a miles de personas en todo el Estado que abogan por un control de los alquileres que ha sido rechazado por el Gobierno
Son 32.000 personas a día de hoy sin hogar en el Estado, un millón de desahuciados desde 2008 y la vivienda se lleva el 40% de los ingresos de una tercera parte de la población española. Con este panorama la futura Ley de la vivienda es un halo de esperanza y, para que se convierta en solución, miles de personas han salido hoy 20M a la calle espoleadas por los colectivos sociales. En Donostia también ha habido manifestación antes del mediodía con cerca de 25 entidades sociales y sindicatos cerrando filas.
“Podíamos haber sido muchos más”, decía durante la protesta una asidua a este tipo de concentraciones, la vecina de Hernani, Sonia Vega. “La gran esperanza era que la nueva ley regulara los alquileres, pero parece que no va a salir. Y es grave. En todo caso nosotros no vamos a perder la esperanza de que la situación mejore”, explicó Vega para Donostitik.
Vega considera que en Gipuzkoa falta una movilización mayor ante un tema tan importante como el de la vivienda, “pero no solo en éste, también en otros asuntos. Quizá eso refleje que hemos perdido ilusión por el camino”.
Tanto a nivel estatal como en Euskadi, donde la Ley de vivienda vasca se aprobó hace cinco años “pero sigue sin desarrollo ni aplicación” según denuncia Stop Desahucios, los colectivos insisten en la necesidad de que la vivienda deje de ser un negocio y se priorice el concepto de ‘derecho’.
Para ello se oponen a que el Gobierno cambie el control de los precios del alquiler que se pensó en hacer por bonificaciones fiscales a cambio de un autocontrol de los propios propietarios, en muchos casos grandes tenedores. “Lo que supone”, según los colectivos sociales, “que terminamos pagando los de siempre, que somos los mismos que en su momento pagamos las consecuencias de la burbuja inmobiliaria”.
A lo largo de la marcha por el Centro donostiarra han sido mucho los lemas coreados contra los fondos buitre, cada vez más presentes en la ciudad como atestiguan los casos de Azora y su compra de Inmobiliaria Vascongada o los pisos de Benta Berri y Blackstone.
