Eguzki ha denunciado nuevamente la gravedad del número de aves protegidas tiroteadas en Gipuzkoa tras conocerse los datos facilitados por el diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, en respuesta a una solicitud de Elkarrekin en las Juntas Generales. Entre enero de 2021 y septiembre de 2025 los guardas forestales registraron 36 aves no cinegéticas abatidas por disparos, de las cuales 30 contaban con algún grado de protección legal, ya sea por su inclusión en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) o en ambos.
El colectivo ecologista destaca que entre los casos más graves figuran cuatro ejemplares catalogados “en peligro de extinción” -tres milanos reales y un alcaraván- y doce individuos pertenecientes a especies calificadas como “raras” -cinco halcones peregrinos, tres azores, dos águilas calzadas, un esmerejón y una cigüeña-.
Eguzki subraya que estas 36 aves representan “solo la punta del iceberg”, pues es razonable pensar que muchos casos no llegan a conocimiento de los guardas: “Quienes disparan pueden recoger los ejemplares abatidos o estos pueden perderse entre la vegetación”. Por ello los ecologistas rechazan la idea de que se trate de “casos aislados”, defendiendo que se está ante “un problema crónico y grave para la biodiversidad”, denunciado por el colectivo “durante años”.
Sobre la posibilidad de que algunos cazadores confundan especies protegidas con cazables, Eguzki descarta esa explicación: “Si alguien confunde un milano, un halcón, una cigüeña o un buitre con una especie cazable, no está capacitado para tener licencia. Pero seamos realistas: quien dispara a especies protegidas lo hace de manera deliberada”.
El diputado Arruti reconoce en su respuesta “la gravedad de los hechos y la necesidad de intensificar las medidas preventivas”, aunque, según denuncia Eguzki, no especifica cuáles son esas medidas ni cómo se están aplicando. El colectivo recuerda, además, que la propuesta de retrasar el inicio de la jornada de caza -de 60 minutos antes del amanecer a 20 minutos antes- quedó anulada tras una rectificación foral “ante la presión del lobby cinegético”.
Arruti también ha señalado la dificultad para identificar a los autores de los disparos, un obstáculo que Eguzki admite, pero añade: “Es difícil hacerlo incluso cuando están rodeados de compañeros ‘legales’. ¿Cuántas veces ha cerrado la Diputación una línea de caza hasta aclarar quién ha disparado contra una especie protegida?” El colectivo insiste en recordar que disparar a una especie protegida es un delito contra la fauna, no solo una infracción administrativa.
Para Eguzki la conclusión es clara: “Este es un problema crónico, que afecta gravemente a la biodiversidad y ante el que la Diputación debería actuar con más brío”.
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