EH Bildu ha propuesto la elaboración de una ordenanza municipal para regular cómo calcula y gestiona el Ayuntamiento de Donostia la parte de las plusvalías urbanísticas que, por ley, deben revertir en las arcas públicas cuando una operación urbanística genera un incremento de valor.
El concejal Ricardo Burutaran ha aclarado esta mañana que la iniciativa no pretende modificar los porcentajes establecidos por la legislación urbanística ni crear nuevas obligaciones para las personas propietarias o promotoras. El objetivo, señala, es establecer un procedimiento «ordenado, homogéneo y transparente» para determinar el valor económico que corresponde al Ayuntamiento.
La normativa vigente establece que los propietarios de determinados suelos deben ceder a la administración una parte de los beneficios obtenidos gracias a actuaciones urbanísticas que incrementan la edificabilidad o el aprovechamiento de los terrenos. Esa participación pública equivale al 15% del aprovechamiento urbanístico generado y puede materializarse mediante la cesión de suelo o a través de una compensación económica.
Según EH Bildu, uno de los problemas detectados es que esas valoraciones económicas se realizan en ocasiones en fases tempranas de la tramitación, cuando todavía existen incertidumbres sobre aspectos urbanísticos, técnicos o económicos que pueden influir en el valor final de la actuación, lo que puede provocar diferencias entre las estimaciones iniciales y el valor definitivo de los aprovechamientos urbanísticos.
Por ello, la formación propone que la futura ordenanza contemple una valoración inicial provisional y una posterior comprobación municipal que permita realizar una liquidación definitiva cuando ya se conozcan los datos reales de la operación.
«Este sistema permitiría una determinación inicial del valor del aprovechamiento municipal sin perjuicio de su posterior comprobación por parte del Ayuntamiento», ha explicado Burutaran.
EH Bildu compara su propuesta con el funcionamiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), un tributo municipal que grava la ejecución de obras. En este caso, el Ayuntamiento practica inicialmente una liquidación provisional basada en el presupuesto presentado por el promotor y, una vez finalizados los trabajos, realiza una liquidación definitiva tras comprobar el coste real de la actuación.
La formación considera que aplicar un mecanismo similar a las plusvalías urbanísticas permitiría ajustar mejor las cantidades que corresponden al Ayuntamiento y garantizar la correcta aplicación de la normativa urbanística.
Con esta iniciativa, Burutaran ha concretado que buscan reforzar «la seguridad jurídica, la transparencia y la correcta aplicación del régimen legal de participación pública en las plusvalías urbanísticas», además de garantizar una adecuada defensa de los intereses municipales.
La coalición añade que los recursos obtenidos a través de esta participación pública deberían destinarse prioritariamente a políticas de vivienda protegida y vivienda asequible, así como al fortalecimiento del Patrimonio Municipal de Suelo.
En un contexto de dificultades de acceso a la vivienda en Donostia, EH Bildu defiende que la correcta aplicación de estos mecanismos puede contribuir a aumentar la capacidad de intervención pública en materia residencial.
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