EH Bildu ha presentado este jueves una hoja de ruta con 21 medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda en Donostia. El portavoz municipal, Juan Karlos Izagirre, ha afirmado que las políticas desarrolladas hasta ahora han sido “insuficientes” y ha defendido la necesidad de “cambiar la mirada” y actuar con “ambición y valentía”.
La rueda de prensa ha contado también con las intervenciones de los concejales Itziar Iturri y Ricardo Burutaran, que han pedido un pleno monográfico sobre vivienda para debatir el paquete completo de medidas. “Donostia no puede permitirse seguir perdiendo tiempo”, ha subrayado Iturri.
La coalición abertzale apuesta por combinar la construcción de vivienda protegida -sin urbanizar nuevos suelos- con medidas sobre el parque ya existente como limitar los alquileres, recuperar viviendas vacías y reducir el número de pisos turísticos.
EH Bildu ha destacado que algunas cuestiones se ha ido en la dirección correcta, como en el programa Alokabide o el recargo al IBI a viviendas vacías. Sin embargo Izagirre ha destacado que los resultados han sido insuficientes: «el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, la gentrificación avanza en varios barrios, la vivienda protegida está en mínimos y proliferan los usos especulativos e inversores. Actualmente, más de 5.000 viviendas están en manos de grandes tenedores (propietarios de cinco o más inmuebles), lo que agrava la situación».
Solo el 4% del parque de vivienda donostiarra es protegido con calificación permanente, muy lejos del 20% que marca la Ley estatal para 2043. EH Bildu denuncia que, mientras se han construido 30.000 viviendas nuevas en 40 años, el precio ha seguido subiendo, y más de 16.000 viviendas en Donostia no se utilizan como residencia habitual.
Entre las propuestas presentadas hoy figuran: priorizar la promoción pública sobre terrenos municipales y no venderlos si no se garantiza al menos un 50% de VPO; destinar preferentemente la vivienda pública al alquiler con precios que no superen el 35% de los ingresos; imponer plazos obligatorios en cada nuevo desarrollo para garantizar barrios vivos con servicios y transporte; limitar los precios abusivos de alquiler mediante un índice de referencia y promover que locales comerciales reconvertidos a viviendas se recalifiquen como protegidos.
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