A las 6:32 de esta mañana, a 40 millas al sur de Lampedusa, el barco de rescate Aita Mari ha salvado la vida a 26 personas: siete hombres adultos, tres mujeres (una con un bebé y otra embarazada) así como 15 menores de edad (sin contar el bebé). Las personas rescatadas se encuentran a salvo y reciben asistencia humanitaria a bordo del Aita Mari.
Según los primeros datos recogidos de las personas asistidas, los países de procedencia de los rescatados son Somalia, Etiopía y Sudán.
Durante la operación la embarcación Louise Michel ha prestado apoyo en la zona, facilitando las labores de rescate. Tras la intervención, las autoridades italianas han asignado como puerto de desembarco Civitavecchia (Roma), situado a dos días de navegación de la posición actual del Aita Mari.
Desde Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) han denunciado que esta política de asignar puertos alejados de la zona de rescate reduce la presencia de medios humanitarios en un área donde -remarcan- se siguen produciendo vulneraciones de derechos fundamentales. “Una vez más hemos podido ser testigos de la violencia que se ejerce en las fronteras exteriores europeas con total impunidad contra las personas migrantes”, señalan.
La organización alerta de que el actual marco legislativo europeo, reforzado por el pacto migratorio, está generando un escenario en el que se intenta “legalizar hechos que vulneran normas básicas de derecho internacional”, especialmente la obligación de prestar auxilio a personas en riesgo vital. Añaden que la externalización del control migratorio convierte en “socios sólidos” a países como Libia o Túnez, donde organizaciones como Refugees in Libya han documentado detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y situaciones de esclavitud sin que la Comisión Europea revise sus acuerdos.
Tras diez años de presencia continuada en las fronteras externas de la Unión Europea, SMH afirma no haber observado mejoras en el trato a las personas migrantes. Al contrario, lamentan que las políticas aplicadas en estos espacios “de no derechos” avanzan hacia la criminalización y deshumanización tanto de quienes migran como de las entidades que prestan ayuda humanitaria.
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