El barco humanitario Aita Mari llevó a cabo este viernes el rescate de 56 personas en el Mediterráneo central, entre ellas siete bebés. Uno de los menores, de tan solo dos meses, tuvo que ser evacuado junto a sus padres tras detectarse que sufría un grave cuadro de desnutrición y deshidratación.
La ONG Salvamento Marítimo Humanitario, que gestiona la embarcación, ha informado de que las personas rescatadas proceden de Guinea Conakri, Costa de Marfil, Burkina Faso, Gambia, Mali y Camerún. En total, el grupo está compuesto por 33 personas adultas —17 mujeres y 16 hombres—, 16 menores y siete bebés, cuatro de ellos de menos de un año.
Según la organización, todas las personas que permanecen a bordo del Aita Mari se encuentran fuera de peligro y están recibiendo atención humanitaria.
La operación de rescate tuvo lugar a las 8.44 horas del viernes a unas 34 millas al suroeste de la isla italiana de Lampedusa. Salvamento Marítimo Humanitario ha detallado que, durante la madrugada del 9 de diciembre, las autoridades maltesas emitieron una alerta SAR NAVTEX para advertir de la posible presencia de personas en el mar dentro de su zona de búsqueda y rescate.
Posteriormente, desde Roma se difundió un aviso similar en relación con una embarcación pesquera que habría partido de Túnez con alrededor de 50 personas migrantes a bordo y cuya ubicación era desconocida. El Aita Mari confirmó la recepción de los mensajes y comunicó su disponibilidad para participar en las tareas de búsqueda y salvamento.
Desde la ONG señalan que este tipo de alertas pone de manifiesto el elevado riesgo para la vida de las personas migrantes en el Mediterráneo central y subraya la importancia de la labor que realizan los barcos de rescate humanitario.
Finalmente, las autoridades italianas han asignado el puerto de Brindisi como punto de desembarco, un destino que implica aproximadamente dos días de navegación desde la zona del rescate.
Salvamento Marítimo Humanitario ha reiterado su crítica a la política de asignar puertos alejados, al considerar que esta práctica reduce la capacidad operativa de los equipos de salvamento y limita la presencia de observadores de posibles vulneraciones de derechos humanos en esta área del Mediterráneo.
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