El Ararteko ha inicado una actuación para analizar el estado de la regulación de las zonas de bajas emisiones en las seis ciudades vascas afectadas por la medida, incluidas Donostial e Irun. Y aboga por que ésta se lleve a cabo de manera pública y transparente, permitiendo una adecuada participación ciudadana y evaluando las consecuencias de los costes y beneficios, tanto económicos como sociales, que puedan llegar a producir las medidas.
La Ley de cambio climático y transición energética, aprobada por las Cortes Generales en 2021, prevé la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes tuvieran aprobados, antes del comienzo del 2023, los correspondientes planes de movilidad urbana sostenible en su término municipal.
Esa norma entiende por zona de baja emisión un ámbito territorial delimitado en cada municipio en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes, para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Son seis los municipios vascos afectados por la normativa en Euskadi: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián, Getxo, Barakaldo e Irun.
Recuerda el Ararteko que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero resulta clave en la lucha contra el cambio climático, según se desprende del Acuerdo de París, dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
