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El Gobierno vasco recomienda al Estado que encargue una investigación sobre la realidad de la tortura en España

Presentación del informe sobre tortura. Foto: Gobierno vasco
18 Dic.17
Por: A. E. / Redacción
Tiempo de lectura: 3 minutos
Archivado en:
Ve la luz el informe del IVAC sobre malos tratos, que ha analizado un total de 4.113 denuncias que afectan en su mayoría a Policía Nacional y Guardia Civil. El PSE no comparte las conclusiones

El informe del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) de la UPV/EHU sobre tortura y malos tratos, un informe que encargó el Gobierno vasco y hoy se ha hecho público, ha analizado un total de 4.113 denuncias que afectan en su mayoría a Policía Nacional y Guardia Civil, pone de manifesto que la tortura ha tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960 «y no recibió la atención que hubiera requerido», y recomienda que «en el ámbito estatal se encargue una investigación independiente sobre la realidad de la tortura en España y se haga una reflexión sobre el daño injusto causado a las víctimas». Conclusiones que no comparte el Partido Socialista de Euskadi, tal y como ha hecho público en un comunicado.
La presentación ha tenido lugar esta tarde en el Centro Carlos Santamaría de Donostia y ha corrido a cargo de la dirección investigadora del informe: el profesor y doctor en Medicina Francisco Etxeberria y la doctora en Derecho, Laura Pego.
El informe parte de que el número total de denuncias registradas (4.113) es inferior al real «porque no han podido rescatarse muchas de las correspondientes a los años 60, 70 y primeros de los 80».
Esta investigación del IVAC-KREI concluye que la tortura y los malos tratos han tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960 con una trayectoria descendente en los últimos 12 años; las denuncias no fueron suficientemente investigadas; los malos tratos no recibieron la atención socio-política ni mediática que hubieran requerido y las víctimas de torturas y malos tratos no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos.
La gran mayoría de las denuncias afecta a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, se ha afirmado durante la presentación. «Por este motivo y por las reiteradas resoluciones de organismos internacionales, los poderes del Estado deberían considerarse concernidos». De ahí que el Gobierno vasco aconseje  encargar una investigación independiente sobre la realidad de la tortura en España, realizar una reflexión crítica al respecto y adoptar las medidas de prevención que demandan los organismos internacionales.
En el caso de la Ertzaintza la investigación, aunque esta policía también tiene denuncias, pone de manifiesto que «la Policía Vasca ha promovido estructuralmente un modelo preventivo que ha sido positivamente valorado por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado». 
Respuesta del PSE
Desde el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) han expresado que no van a respaldar las propuestas que plantea el informe, ni como partido ni como parte del Gobierno Vasco, «porque adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas». Confía el PSE en que se cumpla la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia entre 1978 y 1999.
«Consideramos un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada», afirman los socialistas en su comunicado.
Defiende el PSE que sea la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco la que trabaje para cerrar todos los asuntos pendientes que ha dejado el terrorismo. «Incorporaremos las cuestiones del informe a otras reflexiones abiertas como los 300 asesinatos sin esclarecer, la reparación de las miles de víctimas de persecución, el daño todavía sin medir de los menores que sufrieron aquella amenaza, la búsqueda de asesinados cuyos restos siguen sin aparecer o la forma en que conseguimos que los penados cuando cumplan sus condenas no sólo reconozcan el daño causado sino que nunca debieron causarlo».

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