El Gobierno Vasco ha iniciado la tramitación de la reforma de Etxebide y de los criterios de adjudicación de la vivienda protegida pública en alquiler con un cambio de calado: reservar el 30% de las viviendas de cada promoción a unidades convivenciales con ingresos, con carácter general, de entre 20.000 y 46.000 euros. La iniciativa se encuentra desde este jueves en fase de consulta previa a la ciudadanía antes de la redacción del nuevo decreto.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha defendido que la reforma responde a un cambio en la realidad social. «El problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema», ha afirmado. A su juicio, «hoy la dificultad de acceso a una vivienda digna afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que tienen ingresos, empleo y proyecto de vida, pero que se encuentran bloqueadas por un mercado que ha dejado fuera a demasiada gente».
El nuevo subcupo pretende facilitar el acceso a la vivienda protegida de personas que, pese a contar con ingresos regulares, no pueden acceder al mercado libre. «Hay muchas personas que cumplen con sus obligaciones, tienen nóminas, pagan impuestos y, aun así, no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables», ha señalado Itxaso, quien considera que, si la política pública no ofrece una respuesta también a ese colectivo, «estaremos dejando crecer una fractura que afecta a la confianza en las instituciones y a la igualdad de oportunidades».
El Departamento de Vivienda ha precisado que los ingresos fijados para acceder a este cupo hacen referencia, con carácter general, a la unidad convivencial. Cuando está formada por dos o más personas, esos ingresos se ponderan aplicando un coeficiente corrector en función de las cargas familiares, por lo que el cálculo no equivale necesariamente a la suma de los salarios de todos sus miembros.
Según los datos de Etxebide, en Euskadi hay 34.148 personas inscritas con ingresos comprendidos entre esos límites. De ellas, 12.930 residen en Gipuzkoa, y 6.823 buscan acceder a una vivienda protegida en alquiler.
La reforma también modificará el sistema de baremación para equilibrar mejor criterios como la vulnerabilidad, la antigüedad en el registro, el arraigo o la adecuación de la vivienda a las necesidades de cada unidad convivencial. «El decreto no va de enfrentar necesidades, sino de ordenar mejor las respuestas», ha asegurado Itxaso. «Vamos a seguir protegiendo a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, pero también debemos abrir camino a quienes, sin ser vulnerables en sentido estricto, no pueden acceder al mercado libre ni construir un proyecto de vida autónomo».
Entre las novedades previstas figura además el desarrollo de un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales para jóvenes menores de 36 años y personas mayores autónomas, la posibilidad de que determinadas personas propietarias puedan acceder a una vivienda protegida cuando la suya haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares, y un mayor peso de la antigüedad en Etxebide para la adjudicación de viviendas.
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