La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social de Éibar que impone una indemnización conjunta de 376.305 euros al Ayuntamiento de Legazpi, CIE Legazpi y Sidenor Aceros Especiales. El fallo considera probado que A.G.G., empleado durante décadas, desarrolló un mesotelioma pleural maligno por su exposición continuada al amianto, sin que se adoptaran medidas adecuadas de protección.
El afectado trabajó en la extinta Patricio Echeverría Aceros en los años 70, donde manipulaba hornos recocidos aislados con amianto. Más tarde, como empleado municipal, participó en reparaciones de conducciones de fibrocemento, también sin información sobre los riesgos ni equipos de protección. El INSS reconoció en 2024 la enfermedad como profesional.
Las tres partes recurrieron la sentencia, pero el TSJPV ha desestimado sus argumentos y les impone además el pago de costas procesales, con 800 euros por cada recurso.
La asociación ASVIAMIE, que representa a víctimas del amianto, ha celebrado la resolución y recuerda que la prevención habría sido más económica que la indemnización.
“Proteger la salud frente a sustancias cancerígenas es una obligación legal y ética”, subrayan.
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