Era un caballo de batalla para Irabazi en la pasada legislatura y las concejalas de Elkarrekin Donostia han reivindicado hoy lo mismo que hacían los concejales Amaia Martin y Loïc Alejandro: tener presencia en Anoeta Kiroldegia. La portavoz del grupo municipal Aitzole Araneta, junto con sus compañeras Haizea Garay y Marta Huarte, ha expresado que “a pesar de los obstáculos que el gobierno municipal de PNV y PSE quiere imponer, el grupo va a desarrollar una intensa labor de control de la gestión del gobierno y sus sociedades instrumentales”.

“Intuimos que han decidido excluirnos tras la expulsión la pasada legislatura de Loïc Alejandro”, han expresado las concejalas, alegando que componen un grupo nuevo y que la decisión tomada por PNV y PSE “supone un veto preventivo y carente de argumentos”.

Garay ha manifestado que “el gobierno municipal y Anoeta Kiroldegia han sido cómplices de la explotación laboral de los trabajadores de la obra”, ya que han sido numerosos los incumplimientos de contrato por parte de las UTEs adjudicatarias de la obra así como de las subcontratas”. Y se ha referido a la no aplicación del convenio colectivo correspondiente, adeudando a los trabajadores 4,5 millones de euros en salario, o a la “imposición de jornadas abusivas de hasta 100 horas extras al mes cuando la ley solo permite 80 al año”.

En este punto la concejala ha sacado a colación una reciente carta remitida por el Diputado de Deportes Denis Itxaso al alcalde Eneko Goia, “donde Itxaso muestra su preocupación por que la revisión de los servicios técnicos sobre las obras de Anoeta apunta a incumplimientos en requisitos establecidos en el convenio que firmó la institución foral con Anoeta Kiroldegia para la financiación de la obra”.

Desde Elkarrekin Donostia han anunciado que trabajarán para conseguir que “todos los grupos políticos así como toda la ciudadanía que lo desee pueda tener acceso a toda la información que se genere en las sociedades públicas” porque, según indican, “las sociedades instrumentales son una extensión de la propia institución municipal y, por tanto, su gestión debe de estar al servicio del interés general para su conocimiento y control público”.