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«En el Infierno viven más de cien personas de Brasil, Afganistán, Nigeria, Euskal Herria…»

El Infierno. Foto de archivo: Santiago Farizano
09 Sep.20
Por: A. E. / Redacción
Tiempo de lectura: 2 minutos
Los habitantes de la zona se defienden tras la operación policial del lunes y desde Sos Racismo acusan al Ayuntamiento de incidir en una versión criminalizadora de estas personas

«Secuestraron a 13 personas sin papeles a las cuales se les impuso una orden de expulsión, expropiaron bicis,
teléfonos y pasaportes saltándose el procedimiento reglado, además de que los cuerpos policiales se resistieron a identificarse con el número de placa cuando así les fue requerido. Ha sido el comienzo de expulsión y desalojo del Infierno». Todo relato tiene varias versiones y la de hoy, respecto a la operación policial de anteayer en el Infierno, corre a cargo de los moradores afectados y de Sos Racismo, que da crédito a esta versión y se pregunta: «¿Cómo es que ante las informaciones aparecidas nadie se cuestione por qué viven tantas personas allí que no encuentran alojamiento en ningún albergue de la ciudad?»

Cabe recordar que el lunes la Guardia Municipal, con la colaboración de la Ertzaintza y de la Policía Nacional, desarrolló una operación en un pabellón abandonado del Infierno. En la misma se identificó a 62 personas y en este contexto la Guardia Municipal anunció que había recuperado 30 bicicletas. En su momento se informó también de que tras la redada dos menores de edad fueron trasladados a un centro de acogida y de que otra menor que estaba desaparecida fue hallada durante la operación.

En una nota hecha pública esta mañana y cuya preocupación es compartida por Sos Racismo el colectivo afectado afirma que en el Infierno viven más de cien personas de Brasil, Afganistán, Nigeria, Marruecos, Sáhara Occidental, Euskal Herria, Guinea, Senegal, etc. Y acusan a la policía de ser agresiva con la población inmigrante.

Sos Racismo hace la siguiente lectura de la situación: «El Ayuntamiento elude su responsabilidad en la situación de calle en que se encuentran las personas que habitan en esos inmuebles. Su única preocupación es que sean desalojadas sin plantear alternativas. Se sigue eludiendo la necesidad de abordar el sinhogarismo existente en Donostia. Es una responsabilidad que atañe al conjunto de instituciones, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco. En lugar de ello se incide en una versión criminalizadora de estas personas».

El alcalde Eneko Goia explicó ayer que en el Infierno hay varios expedientes de desalojo en trámite y que son los propietarios quienes inician los mismos ya que no es tarea del Ayuntamiento. También se refirió a los indicios de delincuencia que llevaron a la redada de anteayer.

Por otro lado hay cambios previstos en la zona. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia aprobó el 1 de septiembre con carácter provisional la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Infierno. Esta modificación busca la regeneración de la zona mediante la sustitución total del patrimonio edificado y urbanizado (salvo la actual estación de servicio y el concesionario).

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