El Gobierno vasco ha ofrecido a la empresa Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria «la posibilidad de que se acoja a las ayudas existentes para mantener el alquiler protegido de las 40 viviendas de protección oficial de su propiedad en Errenteria y garantizar de esta manera la continuidad de las personas inquilinas actuales».
El Ejecutivo ha hecho pública esta propuesta horas después de que Stop Desahucios y Alokairu se hayan concentrado para recordar la situación de las 40 familias de las VPO del Paseo Arramendi de Errenteria, catorce de las cuales ya han recibido el burofax correspondiente anunciando la finalización de sus contratos protegidos.
Respecto a las voces que vienen pidiendo que el Gobierno vasco ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre estas viviendas, el Ejecutivo no contempla esta posibilidad y así lo explica: «hay que señalar en primer lugar que esa posibilidad solo puede ejercerse cuando existe una operación de compraventa en marcha, hecho que de momento no se ha producido». Y añade que hay que tener en cuenta «que las viviendas que pasan a ser propiedad del Gobierno Vasco se adjudican a través de un proceso de baremación protocolarizado entre los demandantes de vivienda del municipio en el que están radicadas». Por lo cual esta vía no garantizaría la permanencia de las personas inquilinas actuales.
En la concentración de esta mañana en Donostia han participado concejales de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos-IU en Errenteria y Donostia, representantes de ambos grupos en las Juntas generales, los sindicatos CCOO, LAB y Steilas y organizaciones sociales como GEPE y Caritas.
La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha incidido en que Jaureguizar no admitirá los pagos de las familias que siguen cumpliendo mes y mes aunque el contrato se haya terminado. «La empresa dice que que sigue en contacto con el Gobierno Vasco para la adquisición de las viviendas y que, en su defecto, ofrecerá estas a los inquilinos a sabiendas que la mayoría no las pueden comprar, al serles imposible acceder a un préstamo hipotecario».
En el conflicto de las VPO de Errenteria están por un lado los 40 inquilinos del Paseo Arramendi a los que se les terminó el 16 de abril el arrendamiento protegido con que han contado durante quince años. Por otro lado la empresa Jaureguizar, que compró al Ayuntamiento de Errenteria el suelo en 2002 y que ha cumplido con las obligaciones estipuladas hasta ahora. Obligaciones que llegan a su fin. Y por último… la Administración, que es hacia donde miran todos y que acaba de manifestarse por medio de la nota del Gobierno vasco.
