«Estoy bastante desorientada«. Tres palabras resumen el estado de ánimo de Lorena. Sentada este miércoles frente a la sede de Kutxabank de la calle Garibay de Donostia, arropada por integrantes de Stop Desahucios Gipuzkoa y con representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos entre los asistentes, esta madre de cinco hijos ha puesto voz a una historia que, salvo un acuerdo de última hora, desembocará en el desalojo de la vivienda donde reside con su familia en Irun el próximo 7 de septiembre.
«Agradezco el apoyo del Ayuntamiento de Irun y de la plataforma Stop Desahucios, que está intentando intermediar con Kutxabank. Ahora mismo acceder a cualquier vivienda es imposible«, ha explicado.
La plataforma reclama que Kutxabank retire la demanda y firme con Lorena un contrato de alquiler social. Defiende que la familia tiene acreditada su situación de vulnerabilidad por los Servicios Sociales y recuerda que el Ayuntamiento de Irun ya ha mantenido dos reuniones con la entidad bancaria para intentar encontrar una solución, aunque ambas terminaron sin acuerdo.
Consultada por este periódico, Kutxabank apela al cumplimiento de la ley y recuerda que ha ofrecido la compraventa de ésta y otras viviendas a las instituciones públicas «en condiciones muy ventajosas»
El origen
Según ha explicado Rosa García, portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa, Lorena firmó en 2017 un contrato de alquiler con el entonces propietario de la vivienda. Posteriormente el inmueble pasó a manos de Kutxabank tras un procedimiento de ejecución hipotecaria del que ella no había sido informada.
La entidad no renovó el contrato e inició el procedimiento de desahucio, que permaneció suspendido mientras estuvo vigente el escudo social para familias vulnerables. Una vez decaída esa protección, el lanzamiento ha sido fijado para el próximo 7 de septiembre.
La plataforma insiste en que, tratándose de un gran tenedor y de una familia vulnerable, Kutxabank debería retirar la demanda y ofrecer un alquiler social en lugar de ejecutar el desahucio.
Junto a Lorena, en la rueda de prensa, también han participado otras dos personas afectadas por el fin del escudo social: Luis, residente en las viviendas de Benta Berri, propiedad de un gran tenedor vinculado a Blackstone, y Gloria, vecina de Lasarte-Oria que vive de alquiler en una vivienda de un particular. Ambos también vuelven a enfrentarse a procedimientos de desahucio tras decaer esta protección extraordinaria.
«Les dio exactamente igual»
Lorena recuerda con precisión el momento en que comprendió que podía perder la vivienda donde vive con sus hijos, de entre 6 y 17 años.
«Hace un par de años llegó una carta del juzgado«, ha contado.
Entonces contactó con la propietaria con la que había firmado el contrato de alquiler y, cuando el juzgado comprobó que la vivienda estaba arrendada, le solicitó toda la documentación.
«Me pidieron el contrato de alquiler, los recibos y demás para acreditar mi situación. Aporté todo y enseguida les dio exactamente igual«, ha lamentado. Poco después llegó la demanda de desahucio. Fue entonces cuando conoció Stop Desahucios.
«Yo desconocía que existía la plataforma. Gracias a ellos pudimos acogernos al escudo social y aplazar el desahucio hasta este año. Pero el escudo ha decaído y enseguida me han mandado ya la demanda«.
La suspensión del denominado escudo social para familias vulnerables ha permitido que numerosos procedimientos vuelvan a activarse en los juzgados.
«Lo único que quiero es intentar negociar»
Lorena reconoce que no sabe qué ocurrirá si finalmente el lanzamiento se ejecuta el próximo 7 de septiembre. «No lo sé«, responde cuando se le pregunta dónde vivirá la familia.
Tras unos segundos añade: «Lo único que quiero es intentar negociar, buscar esa opción. Y si no, haremos lo que haga falta«.
La madre explica que intenta proteger a sus hijos de la situación que atraviesan. «Yo a mis hijos, ante todo, los protejo. Los mantengo al margen«, asegura. Ninguno de ellos conoce la gravedad de lo que puede ocurrir dentro de dos meses.
Lorena tampoco tiene actualmente trabajo. «Tengo una niña de seis años y por los horarios no he podido acceder al mercado laboral», explica.
Kutxabank defiende su actuación
Consultada por DonostiTik, Kutxabank asegura que ha mantenido «en todo momento una actitud de colaboración», participando «de forma activa y constructiva en la búsqueda de soluciones». En este sentido, destaca que ha ofrecido a las instituciones públicas la compraventa de esta y de otras viviendas «en condiciones muy ventajosas».
La entidad lamenta «profundamente las circunstancias de este caso», aunque recuerda que el lanzamiento «se produce en el marco de un procedimiento judicial, bajo la supervisión de jueces y tribunales y respetando el cumplimiento de las garantías legales».
Asimismo, señala que la resolución judicial ha sido comunicada a las administraciones públicas competentes «por si procediera su actuación», tal y como prevé el artículo 150.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y recuerda que la atención a las personas en situación de vulnerabilidad forma parte de las políticas públicas del Estado de bienestar.
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